Resumen: El acto objeto de este recurso -consistente en la resolución del Ayuntamiento de Barcelona desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de Alcaldía por el que se aprueba inicialmente la relación de bienes y derechos de finca afectada por el Plan General Metropolitano- se incluye entre los que la Ley Jurisdiccional atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, sin que obste a esta conclusión el que con ocasión del recurso contra los anteriores actos se haya llevado a cabo una impugnación indirecta de normas de planeamiento, como alega el recurrente en queja, dado que la competencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo viene determinada por el acto impugnado directamente y no por las normas impugnadas indirectamente. En consecuencia la Sala declara la inadmisibilidad del recurso de casación con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.
Resumen: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Venta de fincas sujeta a condición suspensiva. Los obligados, entre tanto, se hacen con el 100% del capital de una sociedad en liquidación, reducen capital, la transforman, se aumenta el capital aportando las fincas en cuestión. Cumplida la condición suspensiva, la sociedad, que estaba sujeta al régimen de transparencia fiscal, vendió las fincas a otra mercantil. Plusvalías: operación diseñada para evitar su tributación pues la venta realmente fue hecha por los demandantes. Economía de opción: sociedades en régimen de transparencia y levantamiento el velo. Actuaciones inspectoras: Incompetencia territorial de la Delegación de la AEAT de donde radican las fincas cuando el domicilio fiscal de los obligados tributarios está en otra provincial. La Sala salva la competencia pues si bien todas las actuaciones inspectoras se realizaron por la Delegación del lugar en donde están las fincas, el acto final de liquidación lo dicta la Delegación del domicilio. Actuarios: recusación por haber intervenido en la causa penal seguida contra los obligados. La Sala lo rechaza al no haber intervenido como perito. Procedimiento de inspección: sujeción a los principios de contradicción, inmediación, imparcialidad e igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y "cosa juzgada". Deuda tributaria y prescripción: se rechaza en cuanto al tiempo en que estuvo sujeto a investigación penal, por el tiempo en que se resolvió la recusación.
Resumen: Desestimación de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Explotación de farmacia de naturaleza ganancial en la que se procedió simultáneamente a la transmisión íntegra del negocio de farmacia (local, existencias, instalaciones, fondo de comercio, etc) y al cese en su explotación por desafectación. Los cónyuges presentan declaraciones individuales y en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas con período de generación superior a un año, consigna cada uno, el importe correspondiente a la venta sin que aplicasen los coeficientes correctores en función del número de años de permanencia. Los interesados la aplicación de los coeficientes correctores para calcular la ganancia patrimonial por la venta. Determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales por estimación objetiva. Cambio de criterio legal en casos de transmisión global de una oficina de farmacia por cese de su titular al atenderse que se desafectaban "ope legis" los elementos patrimoniales afectos a actividades económicas, por lo que se enajenación a terceros debía regirse por las reglas de determinación de los incrementos patrimoniales, incluidas las reducciones en función del tiempo transcurrido desde la adquisición.
Resumen: La Sentencia declara que los bienes entregados no estaban destinados a servir a la actividad empresarial de forma duradera, sino que se trataba de bienes adquiridos como consecuencia de operaciones crediticias fallidas, de tal manera que vienen a sustituir al pago de los créditos, por lo que no son bienes afectos a una actividad empresarial. Sobre la dotación genérica a la provisión para insolvencias correspondiente a obligaciones bonos de no residentes, declara que se trata de una provisión genérica sobre unas posiboles insolvencias no acreditadas. No admite la deducibilidad de las cuotas del IVA liquidado, al entender que no es uno de los tributos incluídos en el artículo 110.1.b), del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982. Confirma la sanción al no alegarse motivo alguno de impugnación.
Resumen: La sentencia, partiendo de los datos constatados en el expediente administrativo, declara que, dichos datos son indicativos de que los terrenos discutidos no fueron utilizados en actividad económica alguna de la sociedad, no constando tampoco que los mismos hayan producido ingreso alguno a la empresa, por lo que no puede entenderse que el bien permutado cumpliera el requisito de afectación que resulta exigible por la norma fiscal para gozar de la exención.
Resumen: A la vista del expediente puede establecerse que consta el informe del ingeniero agrónomo, el del Vocal de la Cámara Agraria de Madrid y el del vocal Técnico a quien el acto impugnado señala como "Arquitecto de Hacienda". La composición defectuosa del Jurado anula cuando trasciende al fondo y provoca indefensión. En esta situación consideramos que no existe base para formular una hipótesis diferente a la que reflejan los actos recurridos y ello sin perjuicio de remitirnos, primero, a la facultad de autoorganización al respecto de lo que goza la Administración del Estado, conforme a los términos de la doctrina del Tribunal Constitucional y del TS. Interpretando que nos encontramos ante preceptos limitadores de derecho cuya hipotética retroactividad constituiría un acto de gravamen y que permitió que una de las partes, en este caso la Administración expropiante, pueda determinar el precio del suelo expropiado mediante la promoción de normas con posterioridad a la propia expropiación y a la elaboración de las hojas de aprecio constituiría una severa afectación del principio de seguridad jurídica establecida en el Art. 9 de la CE, consideramos que los preceptos aludidos entraron en vigor con posterioridad a la fecha en que Jurado debió haber dictado la firmeza administrativa de la valoración. El suelo para la ejecución de sistemas generales, cuando no viene adscrito por el planeamiento a una concreta clase de suelo, y salvo que fuese urbano, debe considerarse suelo urbanizable
Resumen: La sentencia recoge el criterio jurisprudencial sobre el tratamiento fiscal de la transmisión en bloque de una oficina de farmacia, previo cese en la actividad de su titular, y declara que, el caso de autos es innegable que el recurrente, cesó en su actividad como farmacéutico, por jubilación, y posteriormente vendió su Oficina de farmacia, luego esta operación se regía por las normas del artículo 44 y siguiente de la Ley 18/1991, de 6 de Junio de IRPF, que en el caso de autos comportaba que el incremento de patrimonio se redujera por disposición de la Ley a cero pesetas; de forma que el incremento patrimonial producido con la transmisión de la farmacia es único, sin necesidad de distinguir entre una parte lucrativa y otra onerosa, al estar determinado el precio en la escritura de compraventa. En consecuencia, procede la aplilcación de los coeficientes reductores.
Resumen: Se analiza el requisito de la afección de los bienes transmitidos a la actividad de la entidad, formando parte del activo de la empresa. Se declara que en el supuesto de que la actividad de la sociedad fuera la adquisición o promoción de fincas urbanas, dicha actividad ha de ser en exclusividad, como reiteradamente declara la doctrina jurisprudencial.
Resumen: En el negocio indirecto es preciso diferenciar entre sus efectos directos, que son los que corresponden a la causa del contrato típico celebrado y los efectos indirectos, que son los realmente queridos por las partes y que obedecen a una intención final o resultado que no podría ser conseguido a través de aquel negocio o contrato típico. En el negocio indirecto el complejo negocial celebrado resulta ser una simple pantalla jurídica o medio en la consecución de los fines buscados por las partes. En este caso, es evidente que el posible precio de venta de las acciones de BARME S.A. es ínfimo, por cuanto la entidad, tras la reducción de capital y la adjudicación a ITG - INTERGRUP S.A. de las controvertidas acciones, ha sido vaciada de su principal contenido patrimonial y que determinaba el valor de la misma, con lo que no dará lugar a ninguna plusvalía objeto de tributación. Se constata, por tanto, la existencia en el complejo negocial de una motivación diferente a la causa típica o inmediata de las distintas operaciones tomadas en consideración individualmente, que pasan a convertirse únicamente en medios para lograr esta finalidad indirecta perseguida por la entidad recurrente, lo que se corresponde plenamente con el concepto de negocio indirecto.
Resumen: Se planteaba la cuestión de si eran aplicables, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los coeficientes reductores establecidos en la Ley del Impuesto en relación con las ganacias patrimoniales obtenidas por la venta de determinadas participaciones en una sociedad. La cuestión controvertida consiste en determinar la fecha de adquisición a efectos fiscales de tales participaciones, transmitidas en el año 2001 mediante escritura pública, bien entendido que las citadas participaciones tienen su origen en las adquiridas anteriormente después de varias operaciones de fusión y absorción. La Sala rechaza el recurso por entender que los valores transmitidos con fechas de adquisición más antiguas son los considerados en la autoliquidación. Y ello porque, con independencia de provenir originariamente de títulos diferentes, deben ser considerados homogéneos, pues nacen ex novo tras operaciones de reestructuración empresarial neutrales, por lo que cuando se enajenan debe entenderse que los transmitidos por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar. Por lo tanto, no se ha vulnerado por la Administración el principio de neutralidad fiscal que se dice infringido por el contribuyente.
