Resumen: Reitera el TS que la valoración del suelo ha de hacerse según criterios de la legislación urbanística, sin que quepa la libertad estimativa. Al tratarse de un suelo no urbanizable, son de aplicación los criterios que contempla el art. 26 de la Ley 6/98, a la sazón aplicable, lo que no ha observado la sentencia, incurriendo en la infracción que se denuncia. Siendo posible la valoración de expectativas urbanísticas en SNU cuando resultan acreditadas. Sin embargo, en este caso la Sala de instancia fija el justiprecio atendiendo al uso privado del aeropuerto y sus instalaciones, lo que evidencia que tuvo en cuenta en la valoración las plusvalías que se derivaban del proyecto expropiatorio, lo que está proscrito por la LEF. En cuanto a la aplicación de la doctrina sobre sistemas generales, se recuerda la abundante jurisprudencia sobre la materia y en particular, respecto de la construcción de aeropuertos, habiendo declarado el TS en determinados supuestos que esta infraestructura no constituye un sistema general que crea ciudad, cual es también el presente caso, pues se trata de un aeropuerto llamado a servir un ámbito supramunicipal y que se asienta sobre un territorio caracterizado por una baja densidad de población, ausencia de núcleos de importancia y bajas cifras de actividad, con predominio de la agricultura de cereal. Y como el Jurado indicó que no se conocían valores comparables, utilizó el criterio de capitalización de las rentas, que no ha sido desvirtuado.
Resumen: El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Administración Pública expropiante y por la entidad beneficiaria, no sin antes descartar la inadmisibilidad del recurso opuesta por la parte recurrida, por falta de juicio de relevancia de la norma estatal y otros defectos en la preparación del recurso. La razón de la estimación estriba en que el TS considera que la sentencia recurrida ha infringido las reglas y criterios de valoración establecidos legalmente para el suelo no urbanizable, ya que ni aplicó el método comparativo a partir de valores de fincas análogas, ni el método de capitalización de rentas reales o potenciales del suelo conforme al estado de los terrenos en el momento de la valoración, sino que utilizó un criterio basado en la equidad y la prudencia, a partir de valores obtenidos en las periciales de otros procedimientos por el método residual; se interpreta mal el artículo 26 LRSV 6/1998, ya que dicho precepto permite, efectivamente, tener en cuenta los usos y aprovechamiento del suelo, pero como elementos que permiten fundamentar la identidad de razón que justifique la analogía con otras fincas no urbanizables. También se considera incorrecto que la Sala a quo valorase la finca expropiada teniendo en cuenta las plusvalías que se derivaban del proyecto expropiatorio en sí, tales como unas instalaciones comerciales e industriales, junto con la infraestructura aeroportuaria, que son directa creación del citado proyecto.
Resumen: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LES PERSONAS FÍSICAS: posibilidad de beneficiarse coeficientes reductores de la Disposición Transitoria Novena de la LIRPF 2004 al declarar la ganancia patrimonial derivada de la venta de la finca rústica o si por el contrario, está la finca afecta a una actividad agrícola desempeñada por el demandante. COOPERATIVAS: régimen de las cooperativas en general como forma de desempeñar una actividad empresarial y régimen en particular de las cooperativas de explotación comunitaria de las tierras; diferencia con otras figuras afines. PRUEBA EN VÍA ADMINISTRATIVA: prueba por presunciones. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: posibilidad de plantear de oficio la llamada "tesis" por la que el tribunal plantea motivos no contemplados por las partes. ACTAS DE CONFORMIDAD: legalidad de las actas de reparo, separándose la Administración de las de conformidad.
Resumen: Partiendo del criterio sentado en pronunciamiento anteriores, la Sala desestima el recurso en cuanto es contrario a la doctrina general sobre sistemas generales pues, frente a lo alegado por la parte recurrente, no se acredita que la infraestructura que legitima la operación expropiatoria constituya un sistema general que contribuya a crear ciudad. Solución esta que no es equiparable a la reconocida en otros supuestos relativos a infraestructuras aeroportuarias en los que sí se ha aplicado la referida doctrina, habida cuenta que no se trata de supuestos comparables, como así se explicita. A la conclusión alcanzada no cabe oponer que en el Plan Especial que desarrolla el Plan Director se contempla un aprovechamiento de 0'11m2/m2, pues éste se enmarca en las infraestructuras que componen el aeropuerto, sin que suponga un aprovechamiento lucrativo de carácter general, sino que responde a la ejecución del Plan Aeroportuario sin afectar al entorno, que sigue manteniendo su clasificación y calificación, de manera que no puede invocarse a efectos de crear ciudad y singularización respecto del resto de los propietarios.
Resumen: Se recuerda la doctrina reiterada sobre la retasación según la cual ésta no es una mera actualización del justiprecio originario, ni es una adaptación de los datos entonces tenidos en cuenta a la coyuntura económica actual. La retasación consiste en la fijación de un nuevo justiprecio, mediante una nueva valoración del bien expropiado con arreglo a los rasgos jurídicos del mismo (clasificación del suelo, aprovechamiento, etc.) en el momento en que dicha retasación es solicitada. Por ello, las únicas características originarias del bien expropiado que deben seguir considerándose a efectos de la retasación son las puramente físicas. Esta figura tiene su razón de ser en la caducidad de los justiprecios expropiatorios, a los que se priva de eficacia por el simple transcurso de los plazos legales sin haber hecho efectivo al expropiado su importe o consignado el mismo. En todo caso, no se trata de un instrumento sancionador para la Administración a causa de su inactividad, sino que incorpora una garantía en favor del expropiado, por lo que resultaría absurda cualquier interpretación que nos permitiera señalar un nuevo justiprecio inferior al fijado inicialmente, que debe operar como un mínimo garantizado. En definitiva, han de tenerse en cuenta las cualidades del bien expropiado en la fecha de retasación, entre las cuales se incluyen la relativa a la clasificación del suelo y el aprovechamiento que corresponda en ese momento, que es lo que ha hecho la sentencia recurrida.
Resumen: El Tribunal Supremo desestima íntegramente este recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid, al concluir que la sentencia de instancia cumple sobradamente con los criterios de motivación exigidos jurisprudencialmente, ya que expone las razones por las que aprecia la existencia de expectativas urbanísticas en los terrenos expropiados, debido a su cercanía a Madrid, a la proximidad con determinadas vías de comunicación y a otras razones que se mencionan en la fundamentación de la sentencia. Además, se recuerda que el Tribunal Supremo ha venido admitiendo la ponderación de las expectativas urbanísticas en la valoración del suelo rústico, entendiendo por tales las posibilidades, futuras o hipotéticas, que el terreno pueda tener por determinadas circunstancias, como la proximidad a núcleos urbanos, a vías de comunicación y centros de actividad económica, entre otras. En todo caso, el Alto Tribunal llama la atención sobre la confusión del letrado de la Comunidad de Madrid al confundir las expectativas urbanísticas que son objeto de valoración y que derivan de la propia situación del suelo objeto de valoración (es decir, de las circunstancias particulares de su localización) con las posibles plusvalías que pueda generar el proyecto de expropiación a que se refiere el artículo 36 LEF, que ordena excluir de la tasación las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
Resumen: IRPF. Venta de una finca rústica que los obligados declaran dando el tratamiento de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, transmisión a la que aplican los coeficientes de abatimiento. La Administración entiende que el inmueble se encontraba afecto a actividades económicas, luego el tratamiento fiscal que aplica es el de las ganancias o pérdidas patrimoniales, incorporando el rendimiento obtenido a la base especial. Actuaciones inspectoras. Carga de la prueba, práctica de la misma y prueba por presunciones. La Sala confirma que la percepción de ciertas ayudas con cargo al FEOAGA sirve de prueba de la afectación de la finca a actividades productivas. Voto particular. Las ayudas a la producción de determinados productos agrícolas también se conceden en la modalidad de retirada de tierras y rotación a lo que se añade que a efectos del IAE los obligados estaban dados de alta en epígrafes distintos de la actividad agrícola.
Resumen: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: GANANCIAS PATRIMONIALES: transmisión en 1999 por cese de la actividad el 19 de junio, sin existencias ni el importe del local, de una oficina de farmacia adquirida en 1948 incluyendo en ese momento el precio el derecho sobre el establecimiento de farmacia, objetos y productos y la posesión del local. COEFICIENTES REDUCTORES: exigencia del transcurso de tres años entre la desafectación material y el acto de enajenación del que surge la ganancia en el caso de transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas-Legalidad de la Disposición Transitoria 4ª del RD 214/1999: la Sala recuerda la doctrina jurisprudencial que declara su legalidad. VALOR DE ADQUISICIÓN. INFRACCIONES TRIBUTARIAS: elemento culpabilístico.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo de Justiprecio alcanzado con fecha 9 de junio de 2009 por el Jurado Provincial de Expropiación de Teruel, acordando reconocer a los expropiados la cantidad de 79.708,82 euros en concepto de justiprecio por la expropiación de los bienes y derechos objeto de expropiación por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón como consecuencia del proyecto para la ejecución de las obras de " Variante deAlcañiz. Carretera N-232 de Vinaroz a Santander", Término municipal de Alcañiz, Provincia de Teruel, Clave: 23-Te-2990. La Sala rechaza la pretensión deducida de que se fije el justiprecio del suelo de las parcelas expropiadas por el método de comparación, método de comparación que por otra parte el Jurado rechaza -acertadamente a juicio de este Tribunal, por no estimar acreditadas las condiciones análogas de tales terrenos-, y siendo evidente que la cantidad resultante de la capitalización de la renta anual real o potencial, incluso multiplicando dicha cantidad por dos atendiendo las características de la finca -localización, accesibilidad, proximidad, etc.-, da una cantidad inferior a la ofrecida por la Administración expropiante, que parte de un precio de 7,50 euros/m2. El Jurado no reconoce las cantidades solicitadas por plusvalía o perjuicio del aspecto y zona de recreo, conclusión que este Tribunal comparte ya que dichos conceptos indemnizatorios, en su caso, vendrán englobados en el valor del suelo.
Resumen: El TS desestima este recurso de casación al entender que el solo hecho de la aprobación de un proyecto supramunicipal no puede suponer un cambio en la clasificación del suelo, cambio que sólo puede ser ordenado por el plan general de ordenación del municipio o por la modificación que se tramite al respecto. El hecho de que mediante un proyecto supramunicipal se autorice la ejecución de obras de urbanización en suelo no urbanizable genérico o urbanizable no delimitado no lo convierte directamente en suelo urbanizable delimitado o urbano. En definitiva, que los proyecto supramunicipales no pueden sustituir al plan general como instrumento de ordenación y, por tanto, no pueden clasificar suelo. En consecuencia con dicha conclusión, el TS entiende que la Sala a quo no valora (ni podría hacerlo) las plusvalías que pudieran derivarse del proyecto de expropiación, ya que si el suelo se entiende clasificado como no urbanizable, ha de valorarse conforme a lo previsto en el artículo 25 LRSV 6/1998. Por último, la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a quo ha sido correcta, ya que parte de la clasificación del suelo como no urbanizable, y no como suelo urbano no consolidado, como pretende la parte mediante el informe pericial aportado. Asimismo, se concluye que la resolución del Jurado de Expropiación está suficientemente motivada conforme a los cánones exigidos por la jurisprudencia (argumentación racional y suficiente que permita conocer las razones de la decisión).
