El Plan de Modernización de la Justicia fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el 12 de noviembre de 2008. Dicho Plan se orienta al perfeccionamiento de la Adminsitración de Justicia incidiendo en los factores ligados a la modernización e innovación, según la constante demanda de los peradores jurídicos.

La estructura del Plan cubre dos grupos principales, el Plan de Modernización propiamente dicho, así como el Plan de Actuación Inmediata para la Mejora de la Justicia.

En cuanto a sus objetivos, cabe destacar:

• La implantación de la Oficina Judicial.
• La reestructuración de la Planta y Demarcación Judicial.
• La aplicación de las Nuevas Tecnologías, dentro del marco general conocido como e-Justicia.
• La efectividad de las medidas de la Carta de Derechos y del Plan de Transparencia Judicial.
• El seguimiento y la mejora de la actividad de los órganos judiciales.
• El impulso de las reformas procesales.
• El estatuto del Juez.
• Y, la organización territorial del Estado.

Estos objetivos se desarrollan a través de proyectos y de actividades concretas, previstos en el Plan de Actuación Inmediata, cuya coordinación corresponde a la Comisión de Modernización e Informática.

La citada Comisión debe ocuparse de la coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas, la mejora de sistemas informáticos de gestión procesal, la reducción y formación de funcionarios interinos, introduciendo mejoras urgentes en la gestión del personal de la Adminsitración de Justicia, el impulso de las medidas necesarias para una efectiva conciliación de la vida laboral y familiar, el fomento en la adopción de sistemas de prevención de riesgos laborales, que cumplan con los preceptos de salubridad y seguridad en el trabajo, así como de otras actuaciones a corto plazo.

En todo caso, los objetivos, proyectos y tareas del Plan de Modernización de la Justicia suponen:

• La aplicación de las Nuevas Tecnologías (e-Justicia).
• La coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas.
• Mejora de los sistemas informáticos de gestión procesal.