La Audiencia Provincial de Álava ha absuelto a los dos acusados de filtrar un examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la OPE de Osakidetza 2016-2017 que tuvo lugar el 20 de mayo de 2018. 

El tribunal ha concluido que en el juicio no ha resultado acreditado que, con anterioridad a la celebración de ese examen, el acusado, entonces jefe del servicio de esa especialidad en el Hospital de San Sebastián, facilitara las preguntas que había confeccionado para la prueba selectiva por encargo del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) a la otra encausada, una opositora que en aquella fecha era pareja sentimental del hijo del primero. 

Ambos habían sido acusados por el Ministerio Fiscal de sendos delitos de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, en el caso de ella a título de tentativa. Para él solicitaba dos años de prisión y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de cinco años. Para ella un año de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público durante el tiempo que durase la condena y ocho de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

El tribunal explica que la presente causa ha descansado “exclusivamente” sobre prueba indiciaria al no existir prueba directa alguna de que el acusado revelara a la otra encausada las preguntas que posteriormente integraron el examen. 

Reconoce que resulta “comprensible” que la coincidencia entre la relación familiar existente, la participación del acusado en la elaboración de parte del examen y los resultados obtenidos por la acusada despertara sospechas e incluso justificara una investigación exhaustiva como la desarrollada en esta causa, pero remarca que “una cosa es la existencia de sospechas y otra muy distinta la concurrencia de una prueba de cargo apta para sustentar una condena penal”. 

Los indicios acreditados no conducen necesariamente a que existiera una filtración 

“Lo decisivo es que los indicios acreditados no conducen necesariamente a la conclusión de que existiera una filtración. Todos ellos admiten explicaciones alternativas razonables que encuentran apoyo en la prueba practicada”, mantiene la Audiencia alavesa. 

Así, el tribunal considera que la relación familiar acredita una situación de conflicto de intereses y una clara improcedencia administrativa en la participación del acusado en la elaboración del examen, pero no demuestra la transmisión de información reservada. 

En este ámbito, la sentencia habla de “una sucesión de errores organizativos" y considera que la principal responsabilidad corresponde a Osakidetza y en menor medida al IVAP, porque si se hubieran articulado "mecanismos mínimos de comprobación, habría sido sencillo advertir que uno de los redactores de las preguntas mantenía un vínculo familiar con una de las opositoras y ordenar en su caso, su abstención”. 

“También el IVAP pudo haber incluido en el clausulado de los contratos de servicio una advertencia expresa acerca de dicho deber” de abstención, dice el tribunal. 

Por otro lado, la Audiencia alavesa reconoce que la elevada puntuación obtenida por la acusada puede constituir un dato sospechoso, pero también resulta compatible con circunstancias que se acreditaron durante la vista oral, tales como su preparación específica, su experiencia profesional en ámbitos especialmente presentes en el examen o las diferencias de rendimiento observadas en otros aspirantes según sus respectivas áreas de especialización. 

“Cuando cada uno de los indicios que integran la cadena incriminatoria admite una explicación alternativa objetivamente plausible y compatible con la inocencia, la suma de todos ellos no permite alcanzar automática una conclusión distinta”, añade el tribunal. 

“No desconocemos que la hipótesis sostenida por las acusaciones pudiera resultar verosímil. Pero la verosimilitud no equivale a la prueba”, precisa la Audiencia de Álava que concluye que, aun valorados conjuntamente todos los indicios invocados por las acusaciones, “la conclusión incriminatoria no se presenta como la única explicación racional de los hechos acreditados, ni siquiera como una explicación claramente prevalente sobre las alternativas compatibles con la inocencia”. 

“Persistiendo esa duda objetiva y razonable, el ordenamiento impone una única respuesta posible: la absolución de los acusados”, resume la Audiencia de Álava en una sentencia en la que también afirma que los hechos analizados que no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.