El querellante entendía que un artículo aparecido en la revista del grupo municipal socialista de Arganda del Rey titulado “Los dirigentes del PP vaciaron las arcas municipales” tenía como único objeto vulnerar su dignidad y crédito profesional.

El tribunal estima que “si cada vez que se produce una valoración discutible y desproporcionada respecto de la conducta de los representantes de un partido político se calificase como delito, terminaría perjudicándose la libertad de expresión e información”.