Los magistrados dejan sin efecto y anulan el auto dictado por el juzgado de Instrucción nº29 que admitía la denuncia presentada por Promatol S.L., en el año 2011, contra el ahora diputado de la Asamblea de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa cometido cuando era concejal-presidente del distrito de Salamanca.