El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha admitido a trámite la denuncia presentada por UGT contra la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar, a las que el sindicato acusaba de haber contratado a profesores nativos para dar clases en colegios bilingües sin haber pasado por una convocatoria de plazas.

El sindicato acusaba a ambas dirigentes de un presunto delito de prevaricación y de vulnerar varias leyes en cuanto a lo que se establece sobre el acceso de los ciudadanos en igualdad a los cargos públicos, la regulación del sistema de ingreso y promoción de funcionarios civiles, o la cobertura interina de puestos de trabajo.

En el auto, la sala Civil y Penal del tribunal madrileño asegura que de los propios hechos objeto de la denuncia, de la documentación y de la información aportada por la Comunidad de Madrid, “ se desprende la inexistencia de hechos indiciarios y con un mínimo de relevancia que justifique la apertura de un proceso penal”.