La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno madrileño a abonar 27,7 millones de euros a la Universidad Autónoma de Madrid por incumplimientos del Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad 2007-2011.

El alto tribunal estimó el recurso de dicha universidad contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2013, contra la presunta desestimación, por silencio administrativo, del requerimiento que había dirigido al gobierno madrileño en el que solicitada el abono de 63,17 millones de euros.