La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Avda. Santiago de Compostela, 96) celebra desde el próximo martes, día 16 de junio, y hasta el próximo jueves, día 18, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:15 horas la vista oral del juicio contra Adelardo C. D. por la comisión de un delito continuado de falsedad cometida por funcionario público en documento oficial y un delito continuado de estafa por los que la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión. La Fiscalía pide también su inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica durante esos seis años.

Tal y como relata el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, el acusado, abusando de su posición de médico especialista del Servicio de Cirugía y Digestivo en el Hospital de ‘La Princesa’ de Madrid, urdió un plan para lucrarse ilícitamente con la venta los fármacos, además de adquirir para sí fármacos que no podía obtener por el conducto reglamentario. De ese modo, entre los días 31 de mayo de 2010 y 25  de marzo de 2011, extendió de su puño y letra 149 recetas oficiales de la Seguridad Social del modelo de pensionista en la cuales estampilló su sello profesional como facultativo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Para ello, colocó las pegatinas con los datos personales de pacientes tratados en el citado hospital, a los cuales el acusado nunca había recetado esos medicamentos.

Tras extender irregularmente las recetas, Adelardo, ya por sí mismo o a través de terceras personas cuyo conocimiento de la actuación ilícita del imputado no ha quedado acreditado, adquirió en once farmacias diferentes de Madrid numerosos fármacos con recetas oficiales que él mismo había extendido, fingiendo que adquiría los medicamentos en representación y con conocimiento de los pacientes si que el imputado tuviera que abonar importe alguno por estas medicinas al ser recetas de pensionistas.

Con este ‘modus operandi’, el acusado obtuvo gratuitamente medicamentos cuyo importe total ascendió a 7.179,55 euros, teniendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que abonar a los titulares de las farmacias madrileñas dicha suma como pago de los medicamentos expendidos al acusado.