Los juzgados de Madrid recibieron en el segundo trimestre del año 7.303 denuncias por violencia de género, un 4,9 por ciento más que en 2022
El número de mujeres víctimas ascendió hasta las 7.216, un cinco por ciento más que entre abril y junio del año pasado. Los órganos judiciales madrileños acordaron 722 órdenes de protección, un 8,9 por ciento más que en el periodo precedente. Desciende de nuevo significativamente el número de víctimas que se acoge a la dispensa del deber de declarar: un 19,6 por ciento menos que hace un año. Cerca del 84 por 100 de las 1.746 sentencias dictadas por los juzgados y tribunales madrileños fueron condenatorias
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- Comunicación Poder Judicial
La violencia de género ha experimentado un nuevo repunte interanual en Madrid durante el segundo trimestre de este año: el número de víctimas aumentó un 4,9 % con respecto al mismo periodo de 2022 y el número de denuncias lo hizo en un cinco por ciento. El incremento se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 con un 9,4 % más de víctimas y un 7,1 % más de denuncias presentadas.
Según el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, entre abril y junio hubo en Madrid un total de 7.216 mujeres víctimas y se presentaron 7.303 denuncias. El estudio muestra también un aumento interanual del 2,4 % en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 1.746, incluyendo los juzgados de menores. Más de ocho de cada diez sentencias, el 83,5 por ciento, contenían un fallo condenatorio para el agresor.
Un trimestre más, algo más de la mitad de las víctimas (el 55,70 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 44,3 % restante proceden de otros países. Este último trimestre, no se ha contabilizado ninguna víctima menos, ni española ni extranjera.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021.
Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 31,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Murcia, con 25,7; Comunidad Valenciana, con 25,5; Canarias, con 25,2; Andalucía, con 21,9; Madrid, con 20,2; y Navarra, con 19,9. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12; Castilla y León, con 13,1; Asturias, con 14,1; País Vasco, con 14,3; Cataluña, con 14,5; Castilla-La Mancha, con 14,7; La Rioja, con 14,9; Cantabria, con 17,8; Aragón, con 17,9; y Extremadura, con 18,5.
Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en casi tres de cada cuatro casos (5.297, el 72,53 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.
Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (208), que apenas alcanzaron el 2,84 % del total. Aumentaron levemente las denuncias derivadas directamente de atestados policiales (1.292) y las originadas por parte de lesiones (320), que representaron el 17,69 y el 4,38 por ciento, respectivamente, y, por último, las presentadas por terceras personas (186) representaron el 2,54 por ciento del total.
Sigue en descenso el número de mujeres que renuncia a declarar contra su agresor
El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar descendió de nuevo significativamente en la región de Madrid, al situarse en 657 casos, un 19,6 por ciento menos que en el periodo de referencia, una tendencia que empezó a apreciarse en el año 2021, cuando el número de casos fue un 15,93 por ciento menor al de 2020, y en 2022, con un 11,7 por ciento también de menos casos que en 2021.
En el trimestre analizado, de las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor, 340 (el 51,75 %) eran españolas y 317 (el 48,24 %) tenían otras nacionalidades.
Se adoptaron una de cada dos órdenes de protección solicitadas
Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.609 órdenes de protección, un 2,4 % más que hace un año. De ellas, 1.508 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 161 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 722, un 8,9 % más que hace un año. Es decir, se acordaron prácticamente una de cada dos órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 660, el 46,05 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 103, el 63,97 de las solicitudes registradas.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.573 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), un 7,15 por ciento más que en 2022. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (621), que representaron el 39,47 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (618), un 39,28 por ciento del total.
Asimismo, los órganos judiciales de la región dictaron 567 medidas cautelares civiles (-18,5 por ciento), cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (152), que representaron el 26,80 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (189), el 33,33 % del total.
Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 110 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 19,40 % del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 23,61 % menos que en el mismo trimestre de 2022. Los órganos judiciales adoptaron 55 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 9,7 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado; asimismo, acordaron ocho medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en nueve casos, suspendieron la patria potestad.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, expresa su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde finales de 2022 y alerta de la situación de riesgo extremo para muchas mujeres que estos crímenes evidencian. Asimismo, muestra su repulsa y hace un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención de estos gravísimos hechos.
Los datos del segundo trimestre de este año vuelven a mostrar que son muy pocas las denuncias, presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general. Carmona señala la importancia de que los ciudadanos asuman y tomen conciencia de que pueden salvar la vida de una persona. “En las manos de cada uno de nosotros/as puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas”, recuerda la presidenta del Observatorio, que anima al conjunto de la sociedad a denunciar cuando sospechen que una mujer puede estar siendo víctima de este tipo de violencia.
El llamamiento de la presidenta del Observatorio se hace extensivo a todas las instituciones implicadas en la lucha contra violencia machista, a las que pide un esfuerzo renovado para hacer frente de una forma más efectiva a esta lacra y para aprobar medidas que pongan el foco en la prevención de los crímenes; y a la clase política, a la que reclama unidad y consenso en una materia que, como la violencia de género, destruye familias, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños.
En opinión de Carmona, es fundamental sacar la violencia de género de la lucha partidista y reeditar el Pacto de Estado para seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017. “El Pacto de Estado fue un hito y ha sido imprescindible para proveer a las instituciones de fondos para financiar los medios materiales y personales necesarios en la lucha contra la violencia machista”, concluye.
La presidenta del Observatorio considera que, pese al doloroso aumento del número de asesinatos machistas en el último año, la sociedad puede estar segura de que España cuenta con unos profesionales altamente cualificados que trabajan día a día en la protección de las personas más vulnerables. Por ello, agradece a todos ellos, especialmente a los jueces y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su labor y les anima a seguir trabajando sin perder el ánimo ni el aliento ante el aumento de los crímenes.
Carmona insiste en que la formación y la educación son herramientas fundamentales para la erradicación de la violencia machista. Por ello, agradece a los medios de comunicación su compromiso con la puesta en marcha de campañas de concienciación y mensajes de rechazo a la violencia machista que de otro modo no podrían llegar a tantos millones de ciudadanos.
El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web: