El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, ha presentado este viernes a los medios de comunicación la Memoria Anual 2016, documento que recoge la actividad de todos los órganos judiciales (colegiados y unipersonales) de la Comunidad, así como los proyectos, iniciativas y soluciones a los problemas que se plantean en el día a día de la administración de la justicia en la región.

En el encuentro mantenido con los periodistas, Vieira ha puesto de manifiesto que uno de los principales factores que permiten valorar el grado de funcionamiento de los órganos judiciales es el de la pendencia de asuntos, esto es, el número de procedimientos que al final del año han quedado sin resolver, en comparación con los que había al comienzo del año.

En este aspecto, la marcha en general de los juzgados y tribunales madrileños durante el año 2016 puede considerarse relativamente buena, ya que el número de asuntos en trámite se ha reducido en un 14,2%, muy por encima de la media nacional, que lo hizo en un 8,2 por ciento. Comunidades como Cataluña o Andalucía, de un tamaño judicial similar, están muy lejos de estas cifras, con una reducción del 1,20 por ciento y del 4,8 por ciento respectivamente.

Este descenso ha sido más acusado en las jurisdicciones Contencioso-Administrativa (un 23,7%) y Penal (un 17%), y menos importante, aunque significativo, en las jurisdicciones Social (un 13,1%) y Civil (un 10,8%).
La principal circunstancia que ha influido en este resultado favorable es la reducción del número de asuntos ingresados en un 38,9%. Este descenso ha sido muy destacable en la jurisdicción Penal, con un 49,9% menos, y menos acentuada en las demás: un 17,8% en la Civil, un 11,4% en la Contencioso-Administrativa y un 3,9% en la social).

Aunque el número de asuntos ingresados ha disminuido el citado 38,9 por ciento, la tasa de litigiosidad (el número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes) sigue situándose en Madrid por encima de la media nacional: 125,1 frente a 124,9.

En números absolutos, durante el año 2016 se registraron en los órganos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un total de 808.915 asuntos, y se resolvieron 867.199: quedaron, por tanto, pendientes a final de año 303.024, una cifra sensiblemente inferior a la existente al acabar 2015, que fue de 352.755.
En el año 2015, cuando ingresaron ya un 1,2 por ciento menos de asuntos que en 2014, se registraron en la región un total de 1.372.977 asuntos.

Si comparamos las Comunidades Autónomas, sólo la de Andalucía, con unos ingresos anuales de 1.245.459 asuntos, y la de Cataluña, con 849.728 asuntos nuevos superan a Madrid.

De nuevo, un año más, resulta necesario incrementar la planta judicial

En respuesta a esta circunstancia, la Memoria recoge la solicitud para la puesta en marcha en Madrid de quince juzgados de Primera Instancia, ocho juzgados de lo Penal, veinte juzgados de lo Social y seis juzgados de Mercantil. En el caso de Alcalá de Henares, se ha pedido la creación de dos juzgados de Primera Instancia y un juzgado de lo Penal. Para Alcobendas se precisan dos juzgados de Primera Instancia y uno de Instrucción; en Alcorcón, uno Mixto; en Aranjuez, uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer; en Arganda del Rey, dos Mixtos, al igual que en Collado Villalba; en Colmenar Viejo uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer; en Coslada, dos Mixtos; en Getafe, uno Mixto y otro de Lo Penal; en Majadahonda, uno especializado en Violencia sobre la Mujer; en Móstoles, siete de Primera Instancia, dos de Lo Penal y dos de la jurisdicción Social; en Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, Leganés y El Escorial, uno Mixto; en Torrejón de Ardoz uno de Primera Instancia y uno de Instrucción y, por último, en Valdemoro, uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer.

En total, se ha reclamado la creación de 89 nuevos órganos judiciales para los veintiún partidos que conforman el mapa judicial de la comunidad. Además, se ha solicitado también la creación de 34/35 nuevas plazas de magistrados, cuatro de ellas para la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid y dos para la Sala de lo Social. También se considera imprescindible la creación de 13/14 plazas de magistrado para las secciones de lo Civil de la Audiencia Provincial y de quince para las secciones de lo Penal.

El juzgado de ‘cláusulas suelo’ de Madrid soporta la mayor cifra de asuntos de todo el territorio nacional
Por otro lado, el documento anual detalla que el Juzgado de competencia provincial especializado en los litigios relacionados con las acciones individuales generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (popularmente ‘cláusulas suelo’ o ‘cláusulas abusivas’) soporta desde su reciente creación una importante carga de trabajo. Las dos magistradas que lo dirigen tramitaron, sólo en el mes de junio (el primer mes de funcionamiento), un total de 2.803 demandas sobre condiciones generales de la contratación en las escrituras de créditos hipotecarios.

Según los datos de LexNET facilitados por el Ministerio de Justicia, la de Madrid es la mayor cifra de todo el territorio nacional, seguida de la de Barcelona, con 1.033 y Valencia, con 834.
En concreto, a fecha 13 de julio, el número de demandas de esta naturaleza registradas en el Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid era de 4.941. Haciendo una proyección anual, de mantenerse este ritmo de entrada, el número estimado de demandas que se registraría en un año natural sería de 41.941, lo que arrojaría una media de 115 al día, aproximadamente.

La puesta en marcha de este órgano especializado, el Juzgado de Primera Instancia 101 Bis, tuvo lugar el pasado 1 de junio de este año, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces diseñó este plan ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas de esta naturaleza como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016.

El plan consiste en la especialización de un juzgado por provincia que conoce de los litigios que se refieren, entre otros, a ‘cláusulas suelo’; vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Se espera que el plan de choque de la Comunidad de Madrid para unificar sedes y paliar deficiencias en infraestructuras no tenga el mismo destino que las medidas precedentes

En cuanto al estado de las sedes judiciales, en la Memoria se subraya que no se ha experimentado ninguna mejora destacable a lo largo del año 2016, sin que las múltiples y serias deficiencias que presentan puedan achacarse en exclusiva a las restricciones presupuestarias de los últimos años a la vista de las instalaciones y de los medios con que cuentan los organismos de la Administración autonómica, Administración a la que corresponde dotar de infraestructuras adecuadas, dignas y seguras a los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.

Una mera lectura de los informes de los presidentes y decanos que acompañan esta Memoria, revela situaciones impropias de los órganos judiciales de una Comunidad Autónoma en la que se residencia la capital de un Estado de la Unión Europea.

Nuevamente se han de reiterar los graves problemas de toda índole que genera la dispersión de sedes judiciales: desde las molestias del desplazamiento de profesiones, testigos y peritos que deben acudir en una misma mañana a diversas sedes judiciales, lo que en ocasiones provoca suspensiones que su reagrupamiento en un solo edificio contribuiría a reducir, hasta la dificultad y retrasos en el reparto de asuntos o el incremento de gasto en vigilancia de tantas sedes que posiblemente sea la causa de su manifiesta insuficiencia en muchas de ellas, sin olvidar las serias dificultades que genera de cara a la sustitución ordinaria de jueces, magistrados, letrados de la administración de justicia y médicos forenses.

Las deficiencias en las sedes judiciales no solo se ponen de manifiesto en los informes de los presidentes y decanos que se incorporan como anexos a esta memoria. Así por ejemplo, el propio Servicio de Inspección del CGPJ señala con motivo de las inspecciones realizadas que el edificio en el que se ubican los cuarenta y un juzgados de lo social de Madrid no se considera adecuado para una jurisdicción que moviliza a diario una gran cantidad de personas entre particulares y profesionales, con espacios pequeños, tanto los dedicados al trabajo de los órganos, que limitan la capacidad para desenvolverse de los funcionarios, como los espacios comunes (entrada, pasillos, salas de espera, etc.), carencia de dependencias para atender a público y profesionales de forma adecuada, ascensores e instalaciones insuficientes para dar servicio a la importante afluencia de público que se produce de lunes a jueves, aparte de oficinas como la del Juzgado de lo Social nº 10, donde no hay luz natural ni ventilación.

La escasez de salas de vistas, compartidas en su inmensa mayoría por varios órganos judiciales, condiciona la capacidad de celebrar vistas y juicios, siendo muchas veces su estado inadecuado para la labor que en ellas se desarrolla, como ocurre en las salas de vistas de Gran Vía nº 19 de Madrid, donde se ubican veintisiete juzgados de lo contencioso administrativo y que son excesivamente pequeñas, especialmente las situadas en la planta baja del edificio, que no reúnen las condiciones físicas y ambientales necesarias para realizar en ellas juicios a lo largo de toda una mañana, por el calor, ruido, falta de espacio e imposibilidad de ventilación que presentan al carecer de ventanas.

Las deficiencias en materia de seguridad se proyectan en diversos ámbitos, desde sedes judiciales sin vigilancia las 24 horas que no cuentan con sistemas de detección de intrusos en horas en las que no está cubierto el servicio de seguridad, a sedes en las que faltan alarmas anti-incendios o las que hay no funcionan. Tampoco hay medidas de seguridad en la custodia de los procedimientos en trámite que se guardan en armarios y estanterías abiertas y pueden ser sustraídos con relativa facilidad. Recientemente el Servicio de Inspección del CGPJ, con motivo de la inspección del Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, reflejo en su informe que la configuración de las oficinas judiciales en los juzgados de lo social de Madrid en grandes salas abiertas que comparten un número importante de juzgados, posibilita que se pueda acceder desde cualquiera de los juzgados de la planta al resto de los mismos, sin que haya ninguna medida de seguridad en relación con los expedientes.

En la reunión celebrada el 4 de febrero de 2015 por los jueces decanos de la Comunidad de Madrid con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se denunció la alarmante situación de desatención y dejación en que el Gobierno regional mantenía a los juzgados al no cubrir de plazas vacantes de funcionarios, así como por el abandono de las sedes judiciales y ausencia en éstas de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales.

El 25 de enero de 2017 los jueces decanos de los veinte partidos judiciales de la periferia de Madrid remitieron un escrito para ser trasladado a la Consejería de Justicia, en el que a través de la elaboración de un plan de justicia, con una programación de planes de actuación y plazos de ejecución formulaban diversas peticiones, buena parte de las cuales ya se reclamaron con motivo de la reunión del año 2015. El que dos años después de esa reunión se vuelvan a reclamar gran parte de las mismas peticiones, pone de manifiesto el escaso interés con que se han afrontado los problemas de la justicia por parte de la Administración autonómica.

La relación de peticiones de los jueces decanos con motivo del incendio que tuvo lugar en enero de este año en una de las sedes de los juzgados de Torrejón, y que puede considerarse el detonante de la últimas reclamaciones, ha tenido su acogida en los medios de comunicación y es de todos conocida, y desde entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido en un plan de choque que incluye medidas a medio y largo plazo con dos fases diferenciadas por la disponibilidad económica para las mismas.

Una primera fase para actuaciones consideradas de emergencia cuya solución pudiera ser materializada en un periodo de seis meses por su cuantía económica a través de la adjudicación de contratos menores y que comprendería actuaciones de mantenimiento de sedes, de seguridad laboral y de reubicación de sedes para dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas que por su antigüedad, elevada ocupación u obsolescencia de las instalaciones y dificultades para cumplir con la normativa sobre accesibilidad no soportan ya ningún tipo de actuación que no implique, al menos, un desalojo parcial de las mismas.

Y una segunda fase, una vez aprobados los presupuestos, en la que se concretarían las actuaciones de inversión que se pretenderían acometer en la construcción de edificios, modernización de las infraestructuras de sedes judiciales y actuaciones de mejoras y reforma de inmuebles.

Como objetivo recogido en el citado plan se ha planteado la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que albergue a todos los órganos judiciales y la agrupación de las sedes de Madrid capital en varios ejes principales. Uno buscaría que los órganos unipersonales penales, dispersos entre las sedes de la Plaza de Castilla, y las calles Hermanos García Noblejas, Manuel Tovar y Julián Camarillo, se concentren en la sede de la Plaza de Castilla, y en otra única zona de Madrid, en las inmediaciones de Julián Camarillo.

Otro, agruparía las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, trasladando las civiles al edificio más próximo al lugar donde se sitúan las secciones de penal de la calle Santiago de Compostela, y un tercero, para los juzgados civiles, que se agruparían y aproximarían al entorno de la sede de la calle Capitán Haya nº 66 de Madrid.

Algunas decisiones de la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid están detrás del mejor funcionamiento de los juzgados con más problemas

En esta mejora global de la situación de los juzgados y tribunales de Madrid han influido decisivamente los refuerzos propuestos por la Sala de Gobierno del TSJ. Los diez jueces de adscripción territorial (JAT) que, junto a cinco letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y 34 funcionarios, han reforzado los juzgados de lo social de Madrid, y el JAT y el funcionario adscrito a los Juzgados de lo Social de Móstoles, han permitido reducir significativamente los asuntos pendientes en esta jurisdicción.

Los dos JAT adscritos a los Juzgados de lo Penal especializados en asuntos de Violencia sobre la Mujer han permitido afrontar la ingente carga de trabajo que soportan. El JAT, dos LAJ y ocho funcionarios que han reforzado los Juzgados de lo Penal de Alcalá de Henares para hacerse cargo de sus ejecutorias han logrado invertir la tendencia de creciente aumento de la pendencia en estos juzgados que venía ocurriendo en los últimos años.

El JAT, el LAJ y los cuatro funcionarios adscritos a los Juzgados de lo Penal de Móstoles han permitido reducir también el número de asuntos en tramitación. Las comisiones de servicio sin relevación de funciones y los dos JAT aprobados para las Secciones Penales de la Audiencia Provincial han posibilitado afrontar la celebración de varios juicios orales de especial complejidad y duración (casos Madrid-Arena, Cartas Nigerianas, Ciudad Lineal, entre otros), sin incrementar la pendencia en las secciones afectadas, que han podido afrontar con normalidad el resto de los asuntos de su competencia.

Las comisiones de servicio de tres magistrados sin relevación de funciones para afrontar la resolución de los recursos que se interpusieran contra decisiones de magistrados instructores de la Sala Civil y Penal del TSJ ha evitado el riesgo de “contaminación procesal” de los magistrados titulares de esta Sala, que necesariamente habría provocado su abstención en la celebración de los correspondientes juicios orales.

La jueza de apoyo que ha reforzado el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid ha contribuido a rebajar la preocupante pendencia que presenta este juzgado. Los dos JAT, dos LAJ y 10 funcionarios que han reforzado los Juzgados de lo Penal nº 1, 3 y 10 de Madrid permitirán reducir el número de asuntos en trámite en estos tres juzgados, los de situación más delicada. Los seis JAT adscritos a los Juzgados de lo Mercantil han contribuido al aumento del nivel resolutivo en estos juzgados. Y los dos JAT, posteriormente reducido a uno solo, adscritos a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo también han cooperado a reducir el tiempo de respuesta en alguno de estos juzgados.

Ya se han superado las dificultades iniciales en la notificación telemática

Durante el año 2016, recoge la Memoria, se han dado pasos significativos en el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Se ha consolidado la implantación del sistema de notificaciones y de presentación telemática de escritos y documentos vía Lexnet, en un proceso que ha estado salpicado de dificultades y deficiencias derivadas en gran parte de la precipitación con que se puso en marcha el sistema de presentación y notificación telemática como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con unos sistemas informáticos que como los del Ministerio de Justicia y de la Comunidad de Madrid eran incompatibles, con unos equipos informáticos insuficientes e inadecuados, y con una deficiente formación a los letrados de la Administración de justicia y funcionarios, que provocó reiterados y graves problemas en el registro y reparto de asuntos especialmente notables en los primeros meses del año 2016.

Aunque aún persisten los problemas, son puntuales y ha mejorado la situación en relación con el momento inicial y así, a fecha de 31 de diciembre de 2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se habían practicado por vía telemática 3.440.737 notificaciones, enviado 269.402 escritos iniciadores de asuntos y 1.403.927 escritos de trámite, y recibido 27.137 personaciones. En lo que va de año 2017 y hasta el 25 de abril, las notificaciones realizadas a través de la aplicación Lexnet eran 2.258.194, los escritos iniciadores recibidos 94.935, los escritos de trámite 614.008 y las personaciones 13.955, mientras que los partes hospitalarios ascendían a 456 y los atestados a 69.