La presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer García, ha presentado la Memoria Anual correspondiente al año 2011 ante un nutrido grupo de periodistas, a los que ha dado cuenta de los objetivos, retos y necesidades del que es el tribunal colegiado más importante de España en relación al número de magistrados que lo componen y la naturaleza de los asuntos que sigue.

Ana Ferrer ha explicado a los medios de comunicación que la Audiencia Provincial de Madrid atendió 49.970 asuntos nuevos en el año 2011, frente a los 47.837 de 2010. De estos procedimientos, precisó, 33.177 fueron del orden penal (0,5 por ciento más que en el ejercicio precedente) y 16.793 del civil, lo que supone un incremento del 13 por ciento, aumento que tiene su razón de ser en el enorme número de recursos (14.987) al que han hecho frente los magistrados.

La crisis económica, ha añadido la presidenta de la AP, está en gran medida detrás de esta nueva situación, pues el aumento se ha producido en todas las secciones, tanto en las Generalistas (11,9 por ciento más de trabajo) como en las de Familia (11,19 por ciento) y Mercantil (36 por ciento).

En relación al orden Penal, Ana Ferrer ha hecho una pormenorizada radiografía de las sentencias que pone de manifiesto que la sociedad sigue siendo excesivamente violenta. Los delitos de asesinato, de homicidio, de homicidio intentado y lesiones (teniendo en cuenta que en la AP sólo se enjuician los que por su gravedad llevan aparejada una pena superior a cinco años) son demasiado numerosos.

En 2011, la Audiencia Provincial ha dictado 103 sentencias condenatorias por homicidio y 78 por lesiones, lo que hace un total de 181 resoluciones de culpabilidad (frente a 37 absolutorias). Es una cifra ligeramente inferior a la de 2010 (208 condenatorias) pero dentro de unos parámetros que siguen causando vértigo por el daño irreparable que provoca este tipo de crímenes.

En relación a los delitos de agresión sexual, maltrato familiar y detención ilegal hubo en 2011 un total de 89 resoluciones condenatorias (y 77 absolutorias), un número prácticamente idéntico al del año 2010, cuando fueron 92.

Los magistrados y magistradas que integran las secciones de Penal de la Audiencia Provincial han resuelto 31.369 asuntos en el año 2011, una cifra algo menor que la que tuvo lugar el año previo (cuando se resolvieron 32.227 procedimientos), si bien es necesario indicar que el refuerzo de un quinto magistrado con el que habían contado estas secciones desde febrero de 2008, se ha visto reducido un 35 por 100 (de 14 a nueve magistrados).

Por lo tanto, la presidenta de la AP ha insistido en la urgencia de ampliar cada sección de Penal de la Audiencia Provincial con un quinto magistrado. Esta medida resulta más operativa que la creación de nuevas secciones, ha dicho, no solo por cuanto implica un abaratamiento de costes y un mayor aprovechamiento de medios, sino también porque supone un paulatino acercamiento a las estructuras de la Nueva Oficina Judicial.

En las secciones de Civil, donde se han resuelto 14.403 asuntos, 660 más que en el año 210, las cifras de pendencia, no obstante, han aumentado, y esto es fácil de entender, aclaró Ana Ferrer, debido al importantísimo aumento de la carga de trabajo, que está próxima al 13 por ciento.

De nuevo este año hay que reflejar que por segundo ejercicio consecutivo ha aumentado un 36 por 100 la carga de trabajo en la sección de Mercantil, donde han ingresado 779 nuevos asuntos y se han resuelto 563. Importante también es señalar el plus de complejidad de muchos de los asuntos debido al efecto capitalidad, una realidad que hace imprescindible adoptar medidas que frenen el aumento de la litigiosidad y, de manera muy expresa, la eliminación de la cláusula de sumisión expresa, que atrae hacia los órganos jurisdiccionales de Madrid un elevado número de asuntos que deberían recaer en otros territorios.

Así las cosas, ha añadido Ana Ferrer, se pone de relieve la necesidad de ampliar la plantilla de magistrados de las secciones civiles con la creación de cuatro plazas que serían adscritas como quinto magistrado a las secciones ya existentes, comenzando por las más necesitadas.

Por primera vez, la Memoria de la Audiencia Provincial de Madrid incluye un apartado específico a la labor que desarrolla la trabajadora social, cuyo trabajo busca, en definitiva, una justicia cercana y de calidad. La presentación pública de su actividad le ha servido a Ana Ferrer para explicar a los medios de comunicación una actividad llevada a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid bajo el nombre de Programa de Reeducación Preventiva de Estilos de Vida Prodelictivos.

El proyecto, en el que la trabajadora social tiene un papel esencial, busca la reeducación y reinserción de jóvenes condenados por primera vez por delitos contra la salud pública. Los jóvenes reos, con buen pronóstico de reinserción, pueden conseguir la suspensión de la condena siempre y cuando entiendan la gravedad de su comportamiento, los efectos negativos que el tráfico de drogas tiene en la sociedad y se sometan al programa, que cuenta con el apoyo de psicólogos del Centro de Inserción Social Victoria Kent.

Otra importante labor de los Servicios Comunes que ha destacado la presidenta es Información de Juicios, el primer contacto que el ciudadano tiene con la Audiencia. Las funcionarias allí adscritas asesoran al público respecto a las dependencias a que debe dirigirse, dispensan un trato amable y resuelto, siempre atentas a las especiales circunstancias que concurren en cada caso.

Por último, y no menos importante, la presidenta de la Audiencia Provincial ha destacado que una justicia moderna exige la conexión segura entre órganos judiciales y otras administraciones, motivo por el cual desde la AP se ha puesto en marcha la aplicación OFRE para el registro y reparto que funciona ya de modo satisfactorio.

Además, ha insistido de nuevo en el hecho de que las sedes de Penal y Civil presentan deficiencias que deben ser corregidas para facilitar el trabajo, aunque sólo agrupando todas las dependencias en una única sede, ha matizado, se garantiza el digno desarrollo de la función jurisdiccional.

Por último, Ana Ferrer ha asegurado que vivimos tiempos difíciles, y precisamente por ello, es más importante que nunca optimizar los medios a nuestro alcance para, cada uno dentro de nuestras posibilidades, mejorar la administración de justicia.