La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid celebra a partir del 19 de junio, en sesiones matinales que darán comienzo a las 10:00 horas; la vista oral del juicio contra Juan Carlos O. V. y Antonio V. S, por los delitos de robo con intimidación con la agravante de disfraz, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas y atentado, por los que se enfrentan a una solicitud de pena de dieciséis años y medio para el segundo de los procesados y de doce años y medio para el primero.

Siempre según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, los acusados, de mutuo acuerdo y con la intención de obtener un beneficio ilícito, se dirigieron armados a una sucursal bancaria de Humanes en horario de atención al público, con la cara cubierta y protegidos por un chaleco antibalas.

Cuando comprobaron que en la sucursal sólo se encontraba un empleado, forzaron la cerradura de una puerta lateral y tras acceder al interior intimidaron al empleado, le condujeron a la zona de seguridad donde se encontraba el dinero y accionaron los sistemas de retardo de la caja fuerte y del cajero automático.

En este momento llegó a la sucursal el director, y como al empleado anterior, también le tumbaron en el suelo boca abajo. Abandonaron la sucursal tras hacerse con un botín de 96.140 euros. En el exterior les esperaba la Guardia Civil, alertada por la alarma silenciosa de la sucursal. Les dieron el alto en repetidas ocasiones, pero huyeron por un pasadizo próximo mientras disparaban para evitar ser perseguidos.

La Guardia Civil también efectuó disparos intimidatorios. Siguió un cruce de disparos hasta que uno de los procesados se tiró al suelo y fue detenido e inmovilizado. Antonio, sin embargo, siguió apuntando con su arma a los agentes, por lo que uno de ellos, ante el hecho de que no llevaba chaleco antibalas le disparó por debajo de la cintura para reducirlo. Tras ser alcanzado en una pierna depuso su actitud y fue engrilletado y detenido. Ambos procesados permanecen en prisión a la espera del juicio.

Por otra parte, la Sección 17 de la Audiencia Provincial celebra del martes 20 al jueves 22 de junio, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, la vista por los delitos de deslealtad profesional en concurso ideal con estafa continuada y apropiación indebida contra Javier Saavedra Fernández, por el que la acusación pública solicita una pena de cinco años de cárcel.

A tenor de su escrito de conclusiones provisionales, el procesado, abogado, perjudicó de forma notoria a su cliente, un joven español del que la revista Hola, en octubre de 2006, anunció que iba a contraer matrimonio con una conocida y veterana actriz italiana. Cuando a raíz de la publicación de esta noticia comenzó contra él una campaña en diversos medios de comunicación contra él, el joven contrató los servicios del abogado procesado para hacer frente a las personas que decían de él que era un mentiroso, un gigoló o un delincuente.

Saavedra, para detener la preocupación que en el joven causaban esas calificaciones, comenzó a interponer constantes y repetidas demandas contra el honor, solicitando indemnizaciones que oscilaban entre los 200.000 y los 300.000 euros con el exclusivo ánimo –dice la Fiscalía-, de que cuantas más demandas se presentaran y cuanto más dinero se reclamara, más facultado estaba para interesar de su cliente mayores cantidades económicas en concepto de provisión de fondos y minuta profesional. Como método de actuación interpuso demandas contra diferentes programas de televisión de varias cadenas (aunque muchas fueron inadmitidas por defectos de forma) e incluso llegó repetir la misma demanda hasta en cinco juzgados diferentes. De las cuarenta y cuatro demandas que prometió presentar, sólo inició la mitad. Sólo ganó dos y por un importe sensiblemente inferior al que exigía, que no llegó ni a 3.000 euros, aunque en provisión de fondos llegó a ingresar 237.000 euros. El joven español reclama una indemnización de más de 433.000 euros y una procuradora 34.000.

Además, la Sección 27 de la AP celebra del 19 al 29 de junio, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, el juicio con jurado popular contra Edwin O. C. por un delito de maltrato y homicidio imprudente, con la circunstancia agravante de parentesco, por el que se le solicita una pena de cuatro años de prisión.

Tal y como describe el fiscal en su escrito de calificación provisional, el acusado vivía junto a su mujer en un piso de Madrid pero las dos hijas del matrimonio residían en Bolivia con sus abuelos y tía materna. La víctima, con el consentimiento del acusado, ya había comenzado los trámites para solicitar el reagrupamiento familiar. Sin embargo, durante los años de convivencia la mujer interpuso dos denuncias contra su marido por agresiones pero, a pesar de ello, decidió seguir viviendo él “con el único deseo de no impedir su consentimiento-autorización para seguir adelante con el proceso de reagrupación familiar”.

El 11 de junio de 2012 se produjo una discusión en el domicilio conyugal en el transcurso de la cual el acusado “con el ánimo de quitársela de encima” le propinó un manotazo que le hizo caer al suelo y golpearse de la cabeza, así como sangrar abundantemente por la misma “quedando inconsciente, lo que motivó que, instantes después dejara de respirar y falleciera”.

El acusado, “consciente” de que su mujer había fallecido y “temeroso” de lo que le pudiera ocurrir, se deshizo del cadáver metiéndolo en una bolsa de plástico y arrojándolo a un contender de basura próximo a la vivienda familiar. Los días posteriores el Edwin realizó actuaciones tendentes a fingir que su mujer seguía viva como enviar mensajes desde el móvil de ella y hasta aprovechó la ocasión para ir al banco y presentar un poder notarial “con apariencia de legalidad” en el que supuestamente su esposa le autorizaba a retirar 24.132,43 euros, un hecho que se investiga en otro juzgado.

El 3 de febrero de 2013, y por encargo de los padres de la fallecida, se inició una investigación policial que codujo dos años y medio más tarde a la detención del acusado.

Por último, la Sección 16 celebra el martes, 20 de junio, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Carlos María O. T. por la presunta comisión de los delitos de agresión sexual, abusos sexuales y delito continuado de agresión sexual, por los que debe hacer frente a una solicitud de pena de diecinueve años de cárcel.

Según consta en el escrito de acusación, el procesado prestaba sus servicios en la entidad Seguriber con el cargo de jefe de equipo en el edificio de Tabacalera de la calle de Embajadores de la capital. Desde julio de 2011 hasta junio de 2013, aprovechándose de su situación jerárquica laboral sobre la víctima, que trabajaba como auxiliar de seguridad, a la que hacía creer que su puesto dependía de él ya que era quien elaboraba los cuadrantes de los turnos y podía, por tanto despedirla, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso, en una primera ocasión le agarró de la camisa fuertemente, y tras decirle que si no hacía lo que él quisiera no le asignaría más horas extras, la obligó a practicarle una felación.

En una segunda ocasión, mientras la mujer estaba en los vestuarios cambiándose de ropa, entró y tras bajarle los pantalones, comenzó a tocarle sin su consentimiento la zona vaginal mientras se masturbaba. Con posterioridad, el procesado le obligó hasta en tres ocasiones a presenciar cómo se masturbaba mientras le tocaba los pechos, a pesar de las negativas de la víctima y siempre bajo la amenaza de no asignarle más horas extras.