El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodriguez Padrón, ha presentado este martes la Memoria del tribunal regional correspondiente al año 2020 a los medios de comunicación en una comparecencia que se ha desarrollado, por segundo año consecutivo, en el salón de actos del propio TSJM, para que los asistentes pudieran cumplir con el requisito sanitario de la distancia de seguridad.

Por tercera vez desde que fuera designado presidente del Tribunal madrileño, Rodríguez Padrón ha analizado al detalle ante la veintena de periodistas que han seguido presencialmente su intervención todos los datos e indicadores del estado de la administración de Justicia que se recogen en la Memoria, y que recientemente ha sido presentada al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder General, Carlos Lesmes.

Como reflexión general, Rodríguez Padrón ha señalado que, frente a los intentos de robotización judicial, debido al necesario desarrollo tecnológico, más aún en tiempos de pandemia, “tenemos que seguir apostando la Justicia con valor humano; una administración de Justicia por y para las personas que tenga rostro humano”.

Además, y como denominador común, la práctica totalidad de los datos de la actividad en los órganos de la región recogidos en el documento indican un acusado descenso, especialmente relevante en los meses de confinamiento, entre marzo y junio. Sin embargo, el máximo responsable de los jueces y magistrados madrileños ha querido subrayar durante su intervención que la administración de la Justicia en la Comunidad ha estado en todo momento operativa y que, como consecuencia de ese decidido esfuerzo, “no se ha experimentado un descenso tan brutal como en el mes de marzo pudo llegar a imaginarse”.

En términos concretos, ha señalado que, debido a la aparición de la pandemia y a las medidas adoptadas para hacerla frente, en el año 2020 se produjo un descenso en el volumen de ingreso de asuntos. Si durante 2019 se alcanzó la cifra de 888.286 procedimientos, en el año 2020 el dato se sitúa en 816.674, lo que implica un descenso porcentual del 8,1.

Del mismo modo –se precisa en la Memoria- se produjo una disminución del índice de resoluciones. Si en el año 2019 se resolvieron 856.768 asuntos en los juzgados y tribunales de la región, la cifra se sitúa en 2020 en 738.976, lo que implica un descenso porcentual del 13,8. Y, como consecuencia de las dos magnitudes anteriores, la pendencia de asuntos en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid experimenta un incremento del 24,3 por ciento. Si en el año 2019 se situaba en 370.210 asuntos, al cierre de 2020 alcanza la cifra de 460.536. 

El definitivo salto tecnológico hacia el expediente digital 

Otro de los aspectos que ha abordado Rodríguez Padrón en el transcurso de su intervención ha sido el del desarrollo tecnológico en la tramitación de los expedientes judiciales, que durante los últimos meses ha experimentado el necesario salto cualitativo. “Podemos afirmar –se recoge textualmente en la Memoria- que el año 2020 representa en el camino de la modernización tecnológica en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, un considerable hito. Todos los impulsos iniciados (algunos con notable avance ya) se enmarcan en el objetivo global de la construcción del Expediente Judicial Electrónico, para cuya consecución es necesario ir desarrollando la infraestructura técnica de soporte, algunos de cuyos pilares permiten ya por sí mismos disponer de importantes funcionalidades”. 

En ese sentido, ha recordado que la información facilitada por los órganos judiciales en torno al balance de las prácticas y actuaciones telemáticas oscilan entre las dificultades técnicas y la pérdida de riqueza en la percepción de las pruebas, pasando por la falta de espontaneidad en muchos casos y su repercusión en el contenido de la diligencia de que se trate. “No faltan quienes apuestan –ha concluido en este apartado- por una mejora progresiva de estas técnicas de actuación a fin de generalizarlas en un futuro próximo, aunque se sitúan los defensores de esta línea en franca minoría”. 

El impacto del virus entre jueces y funcionarios 

En el plano humano, los datos disponibles (periodo de septiembre a diciembre) y recogidos en la Memoria ofrecen un total de 164 casos positivos y 104 personas que, por haber mantenido contacto estrecho con otras infectadas, tuvieron que guardar el correspondiente período de aislamiento en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. Sumando ambas magnitudes, resulta que un 3,4% del personal que presta servicios en los órganos judiciales sufrió, en el segundo semestre del año 2020, las consecuencias de la enfermedad directamente. 

Muy lejos de superar en claros tramos las cifras de contagio y riesgo del segundo semestre del año anterior, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se han vuelto a producir un total de 142 casos positivos y 104 supuestos de aislamiento por riesgo de contagio, lo que presenta una incidencia en este primer trimestre, de 3,09% del personal que presta servicio en los órganos judiciales. 

Por último, y a modo de conclusión de su comparecencia, que también ha contado con un extenso turno de preguntas por parte de los periodistas, Rodríguez Padrón ha alertado de la avalancha de la presentación de litigios, singularmente en las jurisdicciones de lo Social y lo Mercantil, debido al impacto de la pandemia y a la retirada de ayudas oficiales en este ámbito.

 En ese sentido, ha puesto de manifiesto que se ha preparado un paquete de medidas para hacer frente al citado incremento de asuntos, con la puesta en práctica de planes de autorrefuerzo y el ya comentado impulso a la práctica de diligencias y demás actuaciones judiciales a través de aplicaciones telemáticas. No obstante, ha apostillado que, pese a la medidas que se adoptarán para paliar el aumento de expedientes, “persiste el problema estructural de la falta de jueces y magistrados para dar respuesta en tiempo y forma al ciudadano”. En la Memoria 2020 del TSJM se recoge que en la totalidad de los veintiún partidos judiciales de la Comunidad de Madrid hay 737 jueces y magistrados en activo y serían necesarios 32 magistrados para salas colegiadas y 145 nuevos órganos judiciales, muy lejos de los tres asignados en el plan nacional, una cifra que, a juicio de la Sala de Gobierno del Tribunal es ‘insuficiente, testimonial y distanciada de las necesidades contrastadas de crecimiento’ de la planta judicial madrileña.