La sentencia desestima los recursos de casación interpuestos por los padres condenados como autores de un delito de asesinato, en relación con la muerte de su hija. Resuelve cuestiones como la imparcialidad del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la delegación por el instructor en la fuerza policial de la práctica de diligencias en el sumario o la validez de las conversaciones grabadas en el calabozo entre los coacusados.