El número de víctimas de la violencia de género en el primer trimestre del año en la región de Madrid ha disminuido con respecto al mismo periodo de 2023, en lo que supone el primer descenso desde la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron 7.331 denuncias presentadas por 6.571 víctimas, datos que son un 7,6% más y un 0,3% menos que hace un año, respectivamente. Un leve descenso en el número de víctimas pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 72 y el de denuncias, a 86.  

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy los datos trimestrales, que muestran un descenso del 2,6% de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que han variado sensiblemente respecto al primer trimestre de 2023: se han acordado un 9,8 % menos. En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 1.731, de las que el 71,2% fueron condenatorias. 

El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 130 medidas de este tipo, un 28,5% más que hace un año, cuando fueron 101.

Durante el primer trimestre de este año, los juzgados madrileños recibieron un total de 7.331 denuncias, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 6.812. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 6.571, un 0,3% menos que hace un año, cuando se contabilizaron 6.593. El 55,92% de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a tres.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 15,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9. Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, sigue manteniéndose constante. Prácticamente, dos de cada tres denuncias (4.969, el 67,78%) fueron presentadas por la víctima, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por terceras personas: los familiares presentaron 97 denuncias (1,32% del total); por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, 289 (el 3,92%) y por servicios de asistencia y terceros, 170 (2,31%). Por último, las denuncias por intervención directa de la policía, 1.806, que representan el 24,63% del total.  

El 10,36% de las víctimas renunció a declarar contra su agresor

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se redujo en torno a dos puntos porcentuales con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, en la Comunidad de madrid renunciaron a declarar contra su agresor 681 mujeres víctimas, el 10,36% del total. De ellas, 334 eran españolas y 347 tenían otras nacionalidades.

Cerca de 1.500 órdenes de protección acordadas

La ligera disminución del número de víctimas apenas se ha visto reflejada en las órdenes de protección. Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.466 órdenes de protección, un 1,5% más que hace un año. De ellas, 637 (43,45%) fueron adoptadas y 835 (56,13) fueron denegadas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 593 órdenes de protección, el 42,1% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 79, el 68,69 por ciento de las solicitudes registradas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.446 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 1.325 (91,63%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 121 (8,58%), como medidas cautelares.

En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (566), que representaron el 38,60% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (592), un 40,38 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 571 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 555 (97,19 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 16 (2,8%), como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (169), que representaron el 29,59% del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (130), el 27,76% del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas.

Otras medidas civiles adoptadas fueron la atribución de la vivienda (133) y la suspensión de la guardia y custodia (61). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también cinco medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 17 casos suspendieron la patria potestad.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17 %) y víctimas (de un 3,28 %) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia; y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.

Ángeles Carmona destaca que, pese a la reducción de las denuncias, los asuntos civiles (relativos a los procesos de separación) que ingresan en los juzgados de violencia sobre la mujer han aumentado un 9,4 % con respecto al año anterior. Un dato significativo en la medida en que es un hecho comprobado que el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y también para la de sus hijos e hijas. Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el uno por ciento.

La presidenta del Observatorio destaca también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44 % respecto a 2023. Para Carmona se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos. “La renuncia a la dispensa -señala- evita la impunidad”.

Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5 por ciento, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes. También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados.

Por este motivo, la presidenta del Observatorio insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, ha asegurado.

Y, por último, un llamamiento a los medios de comunicación, para que sigan jugando el importante papel que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género les atribuye por su capacidad para llegar a todos los públicos. Su contribución es fundamental para dar la mayor difusión posible a campañas de concienciación frente a la violencia machista, así como para difundir un mensaje positivo a las víctimas. “Todas ellas deben ser conscientes de que se puede salir de la violencia, de que pueden volver a tomar las riendas de sus vidas y proteger a sus hijos e hijas. Sólo deben dar un paso adelante, pedir ayuda y denunciar”, concluye Carmona.

El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/