Resumen: Reclamación de cantidad por compañía aseguradora frente a la entidad comercializadora de energía eléctrica por los daños ocasionados a su asegurado por deficiencias en el suministro. Estimada la demanda, recurre la demandada, alegando la falta de legitimación pasiva de la misma pues entiende que la única legitimada es la empresa distribuidora. La Sala aplica la jurisprudencia actual en el sentido de que la entidad demandada como empresa comercializadora ha de responder frente al usuario final de la prestación del suministro con una calidad mínima en virtud de la relación contractual que tiene con él, sin perjuicio de que la distribuidora responda también de la disponibilidad y calidad del suministro, pues son responsabilidades concurrentes en solidaridad frente al cliente por defectos e irregularidades en el suministro. En cuanto a la legitimación de la actora, acreditado el pago de los daños, el problema está en determinar si había cobertura para el siniestro litigioso que es el presupuesto para que prospere la acción que nos ocupa, constando por una parte que la póliza de seguros estaba en vigor, al haber sido prorrogada, y que la cobertura de la póliza comprende los daños causados. Por tanto, acreditado que se ha producido una incidencia en el suministro y el nexo causal con los daños causados, incumbe a la demandada la carga de probar que no es responsable ni le es imputable el siniestro, lo que no ha realizado. La Sala, no obstante, aplica la franquicia legal de 500 €.
Resumen: Reclamación de cantidad por razón de las acometidas ilegales del suministro de energía eléctrica (doble acometida) detectados en dos locales de la demandada. Estimada la demanda recurre la demandada. La Sala tras la revisión de la prueba llega a la misma conclusión que la resolución recurrida, considerando que se trata de sustituir la valoración de la Juez "a quo", por la propia, interesada y subjetiva valoración del recurrente. Se alega la falta de legitimación activa de la demandante por ser la comercializadora y no la distribuidora del suministro eléctrico, por ser esta ultima a la que se conecto el cable, indicando que no estamos ante una manipulación del contador sino ante una conexión directa a la red de distribución. Se rechaza dicha alegación pues el nombre con el que se califique lo hecho por la apelante resulta irrelevante, siendo lo esencial que la demanda verifico dos acometidas una a la arqueta, pasando por el registro, que es la contratada con la comercializadora, y otra acometida directa hacia el local, que la comercializadora no registraba en su facturación ni era abonada. Por otra parte, en cuanto a la legitimación, tanto activa como pasiva de la actora, es conocida la doctrina del TS, que no hace distinción entre la comercializadora y la distribuidora del fluido eléctrico. En cuanto a la baremación del importe consumido, la Sala estima adecuado el realizado en base a consumos reales previos y facturas realizadas con anterioridad al periodo defraudado.
Resumen: Se ejercita acción de desahucio por precario de una vivienda. Estimada la demanda recurre el demandado, alegando la existencia de un contrato de arrendamiento verbal con el anterior propietario. La Sala no niega que un contrato de arrendamiento pueda ser verbal, como permite el 1255 CC, no obstante ninguna prueba se aporta al respecto y era carga del demandado, no siendo bastante la concertación de contratos de suministro y/o el empadronamiento pues supondría presumir la corrección de toda actuación administrativa o de las compañías de suministro, lo cual es insuficiente, ya que lo que no se puede entender es que si ese contrato se hizo constar por escrito o si existía alguna prueba que para estas entidades fue suficiente, por qué no se aporta al procedimiento. En cuanto a la alegación de especial vulnerabilidad, no se indica por la demandada que la actora sea ejecutante hipotecario o que haya existido procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que en principio, no cabe negar a quien es dueño, usufructuario o persona con derecho a poseer la finca, la posibilidad de instar su recuperación posesoria mediante el juicio de precario al que se refiere el art. 250.1.2.º LEC. En dicho procedimiento, el demandado podrá, además, hacer valer su título a permanecer en la posesión de la cosa, mediante la aportación del auto de suspensión del lanzamiento o contrato de arrendamiento obtenidos al amparo de la Ley 1/2013, lo que no ha sucedido.
Resumen: Se solicita la declaración de que la inclusión de la actora en fichero de morosos con relación a una supuesta deuda impagada, supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Estimada la demanda recurre la demandada. La Sala indica que la inclusión de datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias, debe respetar la normativa de protección de datos de carácter personal, puesto que si el tratamiento de los datos ha sido acorde con las exigencias de dicha legislación, no puede considerarse que se haya producido una intromisión ilegítima. Se exige para la inclusión en dichos ficheros, la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible que haya resultado impagada y que se haya requerido de pago al deudor informándole que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos a tal impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. Consta en autos que se requirió de pago a la actora, con el debido apercibimiento, mediante carta certificada con acuse de recibo, ahora bien, dicha carta fue enviada a un domicilio diferente del que figura en las propias facturas que se dicen impagadas, aunque fuese el del lugar de suministro, por lo que no se puede presumir que haya sido recibida por el destinatario. Recurre la actora la no imposición de las costas de la instancia, lo que también rechaza al entender existen dudas sobre la efectiva recepción del requerimiento.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima parcialmente la demanda y condena a la demandada abonar a la actora la suma reclamada correspondiente al consumo por el uso de un equipo electrógeno, por otra parte, estima parcialmente la demanda reconvencional y declara la resolución de contrato de arrendamiento del grupo electrógeno celebrado entre las partes. Argumenta la Sala en síntesis que si acudimos a las normas de la hermenéutica contractual, es claro que el contrato de arrendamiento tenía por objeto una maquinaria con unas características especificas para satisfacer unas necesidades determinadas(energía eléctrica para alimentar a demanda una estación de bombeo de agua para riego).Se produjo un incumplimiento por parte de la demandante, ya que el sistema automatizado de cuatro grupos electrógenos que propuso para solucionar el suministro eléctrico para el bombeo de agua, funcionó deficientemente por un problema de sincronización entre los equipos que lo componían, por lo que se frustró el fin objetivo del contrato, al no permitir proveer las necesidades requeridas para el riego, lo que se erige en causa para oponerse a la pretensión de pago del precio deducida por la parte actora. El acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es deudor.
Resumen: Reclamación de cantidad ejercitada por la aseguradora frente a entidad suministradora de electricidad, por los daños causados a su asegurado por deficiencias en el suministro de energía, e indemnizados por la misma. Desestimada la demanda por entender que no se acredita la relación de causalidad entre los microcortes de energía y los daños sufridos, recurre la actora, alegando la incongruencia de la sentencia. El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum (petición), la causa petendi (causa de pedir) y el fallo de la sentencia. La Sala estima la referida incongruencia pues la demandada no cuestiona la existencia de nexo causal que sin embargo niega la sentencia combatida, y centra su oposición únicamente en la valoración del daño, por lo que la resolución se aparta de lo aceptado por ambas partes, e infringe el art. 218 LEC. La acción subrogatoria es la misma que tenía originariamente el perjudicado, si bien con la particularidad de que el contenido patrimonial del derecho que otorga la subrogación no coincide con el daño sufrido por el asegurado, sino que comprende, únicamente, la indemnización pagada por aquella. La Sala valora las pruebas periciales realizadas conforme a la sana critica entendiendo mas razonable el informe de la demandada en cuanto que, algunos de los daños, no pueden ser atribuidos a la sobretensión producida, por lo que se reduce la indemnización.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a los demandados a ejecutar a su costa las obras de extracción del vaso dañado de la piscina y colocación de otro nuevo con las conexiones correspondientes para su adecuado uso. Argumenta la Sala en síntesis que la acción ejercitada es la de incumplimiento de un contrato de arrendamiento de obra, calificación que se hacía en el escrito de demanda y que no llegó a ser discutida, además de ser la que resulta al caso pues nada aparece acerca de que las cosas suministradas tuvieran un valor superior a los trabajos realizados. Esta acción no está sujeta a los plazos, bien de saneamiento, bien de garantía, de los contratos de compraventa, sino al general de prescripción previsto en el art. 1964 CC. No existe discusión en cuanto a los daños que presenta el vaso de la piscina, que se fracturó cuando los demandantes procedieron a su vaciado, ,pero ya se debiera a la presión de los materiales que rodeaban la piscina, ya a la del agua, la responsabilidad de la demandada deriva de no haber informado debidamente a la propiedad acerca de las consecuencias que podría ocasionar el vaciado de la piscina sin contar con asistencia técnica.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda en reclamación por la empresa actora de una indemnización por las pérdidas sufridas a consecuencia de un incendio producido a causa de una interrupción de suministro eléctrico, en un trasformador situado junto al local de la demandante ,no obstante la sentencia limita el abono de intereses y no hace imposición de costas. Argumenta la Sala en síntesis que al prueba queda reducida a la testifical practicada y la cuestión que se plantea es si cabe estimar una demanda como ésta en virtud, sólo, de la declaración de un testigo, empleado de la empresa afectada, y de la manifestación hecha al perito por la dirección de la entidad reclamante. Prueba que la Sala no considera suficiente, porque, entonces, cualquier incidencia en el suministro eléctrico podría comportar una obligación de indemnizar para las empresas suministradoras o comercializadoras, con solo la aportación del testimonio de un empleado de la demandante. La comercializadora demandada, no era la encargada, conforme a la legislación vigente, del mantenimiento de las instalaciones de distribución de la energía, y sin embargo el mal mantenimiento era lo único que podía imputársele porque era la única causa posible de la interrupción del suministro según lo expuesto en la demanda.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a la mercantil demandada a abonar a la actora la suma reclamada originada por el impago de parte de las mercancías que le habían sido suministradas por la demandante. Argumenta la Sala en síntesis que conforme a la normativa sobre distribución de la carga probatoria contemplada en el art. 217 LEC , corresponde a la entidad vendedora-demandante acreditar los hechos que fundamenten su pretensión de cobrar una determinada cantidad en concepto de precio pendiente de abono por la mercancía que vendió y entregó a la entidad demandada. Es decir, debe demostrar cuales fueron la clase y cantidad de las prendas de vestir que constituyeron el objeto del contrato y el precio pactado. Del contenido de los correos cruzados entre las partes y de los actos propios de estas así como la testifical de la administrativa de la empresa demandada , se deduce que tras arduas negociaciones motivadas por las especiales circunstancias concurrentes en ambas empresas, se llegó al acuerdo de que la demandada ,a unos determinados precios asumiera la compra de todo el stock de prendas y por ello le fueron remitidas por la actora.
Resumen: Se reclama la resolución por el cumplimiento de un contrato de sumininistro en el que es muy frecuente la inclusión de una cláusula en virtud de la cual el sumnistrado, y demandado en el proceso, se obligaba a adquirir la parte demandada un determinado volumen del género sumnistrado, lo que se incumplió por el suministrado, advirtiendo la audiencia que (i) el demandado fue consciente del compromiso estipulado en el contrato sobre el consumo anual de 60 hl, (ii) no se ha desplegado actividad probatoria alguna encaminada a justificar cualquier posible error o falta de capacidad en el análisis del documento, de modo que debe examinarse simplemente si este reflejaba con claridad los compromisos asumidos por cada una de las partes, (iii) En el caso se trata de un contrato sencillo, en el que se fueron rellenando los campos correspondientes de forma que, en primer lugar, se recogió marcando la casilla correspondiente el volumen mínimo de compras, fijado en 60 hl anuales, (iii) dada la claridad del contrato en este aspecto, que se destaca de forma perfectamente visible en el documento firmado por ellos, resulta imposible aceptar que no conociese el compromiso asumido, si no es por falta de lectura del contrato, lo que en ningún caso sería achacable al sumnistrador, ni podría derivar en un vicio del consentimiento, o por la existencia de cualquier otro impedimento personal que pudiera haberle dificultado la correcta comprensión de un compromiso perfectamente estipulado
