Resumen: El acusado dirigía un grupo de empresas dedicado a prestar servicios tecnológicos. En atención a relaciones de amistad con directivos de la entidad pública empresarial que gestionaba los aeropuertos acordaron celebrar contratos violando la legalidad administrativa con la finalidad de enriquecerse, abonando para ello servicios y gastos particulares a empleados públicos. Abierto el juicio oral no es posible plantear cuestiones de competencia de carácter objetivo. La unificación de procedimiento tiene una funcionalidad de mera facilitación de tramitación o de resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento. Mediante la acción popular cualquier ciudadano, por el mero hecho de estar en la plenitud del gozo de sus derechos, puede ejercitarla, sin que tenga que alegar en el proceso la vulneración de algún derecho, interés o bien jurídico protegido que se encuentre dentro de su esfera patrimonial o moral. La prescripción comienza cuando el delito termina, por lo que el cómputo del plazo no puede iniciarse antes de que el concurso o continuidad delictivos se hayan perfeccionado por la producción del resultado típico. El delito de fraude a la administración exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, es un delito de simple actividad que lleva implícito el quebrantamiento de la relación de confianza, que genera un peligro para el patrimonio de la entidad pública.
Resumen: Con respecto al delito negociaciones prohibidas a los funcionarios, el TS absuelve a los acusados por razones de legalidad penal, ya que la conducta que tipifica el art. 439 del Código anterior a 2010 utiliza el verbo informar como núcleo de la conducta y en la conducta enjuiciada no se informa o asesora sino que se resuelve. Por lo cual, se aplican algunas de las sentencias de la última línea jurisprudencial de la Sala, en las que se considera que las decisiones que resuelven y no informan son ajenas al tipo penal. Con respecto al delito de tráfico de influencias (art. 329 CP, siempre anterior a la reforma de 2010), el TS condena a dos de los acusados y absuelve al tercero porque no consta que haya influido con sus actos en las decisiones del único acusado que es funcionario. Finalmente, aprecia en casación la atenuante de dilaciones indebidas, a pesar de que no le fue planteada en el veredicto al Jurado, ya que transcurrieron diez años desde la incoación del procedimiento en 2009.
Resumen: El acusado principal actuaba en el ámbito de la consultoría y marketing empresarial en el mundo del deporte e intermedió en importantes contratos de cesión de derechos de exhibición audiovisual del equipo de la selección nacional de Brasil. Los ingresos que percibió por esa mediación se encuentran justificados contractualmente, por lo que se considera que no eran pagos de comisiones que ayudaba a un tercero a encubrir como honorarios profesionales. Se descarta que la prisión provisional de los acusados hubiera perjudicado su derecho de defensa. Dos de las tres operaciones incriminadas se desarrollaron en el extranjero, pero el tribunal afirma la jurisdicción con base en el criterio de conexión de la nacionalidad del autor. No debe ser idéntico el tratamiento de la prueba de cargo que la de descargo, pues para la de cargo, en la medida que está en juego la presunción de inocencia, la jurisprudencia ha venido exigiendo unos requisitos previos, que de exigirse para la de descargo conducirían a interpretaciones absurdas, en la medida que pudieran tener repercusiones contra el acusado. El delito de blanqueo goza de autonomía propia, aunque los activos deben derivarse de una actividad delictiva anterior, pero no se exige una sentencia que se pronuncie sobre la comisión de un delito antecedente concreto.
Resumen: Condena por delito contra la salud pública, de sustancia que no causa grave daño a la salud), de notoria importancia, por organización delictiva, el encargado y miembros de la organización y de extrema gravedad. Condena por dos delitos de simulación de delito y dos delitos de violación de secretos. Condena por tres Delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y un delito de cohecho. Aplicada atenuante analógica de confesión tardía, por respeto al principio acusatorio. Aplicación de la pena por delito de tráfico de drogas cerca del máximo de la mitad inferior al ser uno de los acusados miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Responsabilidad a título lucrativo de las esposas de tres de los acusados.
Resumen: La cantidad de correos remitida y su contenido integra el tipo penal de amenazas por el que ha sido condenado el acusado, es decir, el tipificado en el artículo 169.2 CP. Pero la cantidad de correos remitida, su formato, las alusiones a la comisión de delitos por los querellantes y las expresiones contenidas en los mismos, tal y como las hemos recogido, llevan a este Tribunal a considerar que los hechos no revisten levedad, sino que tienen un carácter y una consistencia que les hacen acreedores a ser considerados como integrantes de un delito menos grave de amenazas.
Resumen: Inexistencia de contacto físico entre el autor y las víctimas. Contacto a través del teléfono o de otras tecnologías de comunicación. Corrupción de menores. Fotografías remitidas por las menores a petición del acusado.
Resumen: Comisión de delito de prevaricación. Interpretación y alcance del concepto "Resolución" para extenderlo al contrato o convenio dimanante de un acuerdo de Pleno municipal, así como actos relacionados en el "tracto sucesivo" de la cadena del expediente administrativo. Extensión del concepto de "Resolución" a informes jurídicos y memorias justificativas relevantes que operan con trascendencia decisoria en el expediente administrativo. Consideración de la agravante del art. 432.3 CP del daño al servicio público en cuanto al grave daño causado y entorpecimiento al servicio público. Denegación de la rebaja en la pena en un grado a los participantes como extraneus en un delito especial ex art. 65.3 CP dada la gravedad del hecho. Adecuada ponderación y motivación de la individualización judicial de la pena por el Tribunal. Condena por responsabilidad civil al partícipe a título lucrativo ex art. 122 CP. Requisitos. Interpretación del art. 1305.2 Código Civil ante las consecuencias acerca de la nulidad de un contrato en el que hubiera intervenido causa ilícita por una de las partes en cuanto a que el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido. Requisitos para la admisión de la renuncia expresa a la acción civil en el proceso penal. Responsabilidad civil de sociedades actuando ad hoc para un enriquecimiento ilícito ante la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Resumen: Se condena, existiendo conformidad de las partes, al acusado1 como inductor, cooperador necesario y autor de un delito continuado de falsedad en documento público, en concurso con dos delitos continuados de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, y como autor de un delito continuado de cohecho; a acusado2, como inductor, cooperador necesario y autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, y como autor de un delito continuado de cohecho; a acusado3, como cooperador necesario de dos delitos de continuados de prevaricación administrativa, en concurso con delitos continuados de malversación de caudales públicos; y a acusado4 y a acusado5 como autores de dos delitos de continuados de prevaricación administrativa, en concurso con delitos continuados de malversación de caudales públicos; concurriendo en todos ellos la atenuante muy cualificada de colaboración activa con la administración de Justicia prevista en el art. 21.7, en relación con la atenuante de confesión del 21.4 del Código Penal. Destaca la sala que la conformidad del acusado, ratificada por su defensa, vincula al Tribunal en el sentido de que deben ser respetados los hechos de las conclusiones de la parte acusadora y la calificación jurídica. Y en cuanto a la pena, solo cabe separarse excepcionalmente a favor del reo.
Resumen: Se recurre el auto de transformación de las diligencias en procedimiento del Tribunal del Jurado. La Sala desestima el recurso, pues pese a que el auto de iniciación del procedimiento, lo fue en el trámite de diligencias previas del Procedimiento Abreviado, al entender que los hechos podían constituir un delito de prevaricación, ante la solicitud del Ministerio Fiscal que entendió que los hechos podían constituir un delito de cohecho, el Instructor actuó conforme a lo establecido en el art. 760.2º de la LECr, transformando el procedimiento abreviado que se encontraba en fase de instrucción, en procedimiento ante el Tribunal Jurado, lo que tiene su apoyo no solo en el art. 760 de LECr, sino también en el art. 309 bis de dicha ley que establece que, cuando de cualquier actuación procesal, resulte la posible existencia de un delito que debe ser atribuido al Tribunal del Jurado, se procederá a la incoación del procedimiento regulado en dicha ley. Ahora bien, al haberse agotado el plazo de la instrucción, el cambio de procedimiento, no puede conducir a que en la fase de instrucción del procedimiento del Tribunal del Jurado se acuerden nuevas pruebas. Cuando el legislador fija un plazo para instrucción, lo hace en sentido general. Agotado el plazo, el cambio de procedimiento no implica que se inicie con la fase de instrucción del nuevo procedimiento, un nuevo plazo máximo de instrucción. El agotamiento lo es con todas las consecuencias, practicándose solo las pruebas ya admitidas.
Resumen: Delito contra la salud pública. Delito de integración en grupo criminal. Delito de tenencia ilícita de armas. Delito de cohecho. El agente encubierto. Artículo 282 bis LECRIM. Delito de tráfico de drogas: grado de ejecución. Derecho Fundamental al secreto de las comunicaciones. Autorización judicial de intervención de las comunicaciones telefónicas. Control judicial de la ejecución de la medida limitativa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Presupuestos típicos del delito de integración en grupo criminal: artículo 570 ter del Código Penal. Artículo 563 del Código Penal. Tenencia ilícita de armas: elementos del tipo.
