Resumen: La sentencia estima la pretensión de nombramiento de arbitro, tras una anterior desestimatoria, pues esta vez sí se acredita por el demandante el previo requerimiento al demandado para su designación, apreciando además mala fe en su conducta.
Resumen: La sentencia se ocupa de analizar la imposibilidad de allanamiento , por ser necesario preservar la institución arbitral del poder de disposición de las partes, al ser equivalente el laudo a una sentencia , solo susceptible de anulación por causas tasadas. Sin embargo, en el caso, entiende procedente la nulidad, al constatarse concurrente una causa de nulidad, en concreto la prevista en el art. 41.1B) de la Ley de Arbitraje.
Resumen: Dictado laudo arbitral, la demandante interesa su anulación por el motivo principal de que la controversia planteada por las demandantes es de naturaleza administrativa, con sometimiento a la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa, ya que se trata de procedimiento arbitral referido a cuestión urbanística. La Sala desestima la demanda, puesto que la justificación más razonable a la distinción que se hace en el precepto estatutario que prevé el arbitraje entre materias administrativas y las que no lo son obedece precisamente a la doble naturaleza de las juntas de compensación, y por ello la conclusión de que la sumisión a arbitraje también alcanzaba a JC a que llega el árbitro ha de ser compartida por esta Sala.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo arbitral. Aprecia caducidad de la acción. El demandante aducía que se enteró de la existencia del Laudo hasta el procedimiento de ejecución del mismo, pero aun tomando como "dies a quo" esta última fecha la acción estaría caducada.
Resumen: La controversia arbitral versaba sobre la interpretación de una cláusula contractual referida a las causas de extinción del contrato de franquicia que ligaba a las partes. La Sala valora que no cabe hablar en este caso de vulneración de la tutela judicial efectiva, pues ni se ha instado tal tutela por consecuencia de la sumisión a arbitraje, ni ha existido vulneración de ninguna garantía procedimental que haya causado indefensión. De ahí que la única posibilidad de impugnación del mismo habría de ser la vulneración del orden público. Al ser la cuestión una discrepancia de la demandante sobre el modo en que el contrato ha sido interpretado, no hay normas de derecho imperativo con relevancia de orden público material concernidas, pues no es contrario al orden público concebir un contrato de franquicia de duración determinada sin facultad de desistimiento unilateral; y la motivación ofrecida por el árbitro no puede calificarse de notoriamente arbitraria ni de falta de motivación, pues ofrece un conjunto de razones concurrentes, basadas en el criterio literal y sistemático que le llevan a descartar la interpretación propuesta por la hoy actora.
Resumen: La sentencia desestima la demanda de nulidad del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid. En primer lugar afirma la validez del arbitraje con amparo en el art 38 de la Ley 16/1987 en relación con la cuantía de la controversia. También se rechaza el motivo de la extralimitación de los árbitros en coherencia con la calificación del contrato que no es revisable por esta vía. Finalmente no aprecia ningún impedimento de orden público que son de interpretación estricta. Existe Voto particular.
Resumen: La sentencia analizada resuelve impugnación de laudo arbitral (arbitraje institucional: Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Illes Baleares) cuya nulidad se solicita. El tribunal desestima la impugnación y confirma el laudo impugnado. El tribunal niega el error en el negocio (en la cláusula arbitral) y mantiene su validez. El tribunal también rechaza la alegación de error en la valoración de la prueba por parte del tribunal arbitral, que no vulnera el orden público. Expone el tribunal los criterios para delimitar el concepto de orden público, en el ámbito del arbitraje, y afirma que no hubo irracionalidad ni arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Resumen: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima la pretensión esencial que fundaba la declaración de nulidad de laudo arbitral, por cuanto resulta evidente que la cuestión debatida, esto es, la reducción del alquiler como consecuencia de las restricciones en el aforo del local de hostelería, derivadas de la pandemia COVID-19, es una controversia que se encuadra en la cláusula de sumisión al arbitraje, al tratarse de una materia de libre disposición conforme a derecho.
Resumen: La sentencia desestima la acción de nulidad del laudo. Tras recordar el ámbito revisor de la Sala en este tipo de asuntos, analiza los dos motivos de nulidad aducidos en el caso. En primer lugar, en relación con la falta de imparcialidad, la rechaza tanto por motivos de forma(no haberlo planteado en el procedimiento arbitral) ,como de fondo, insuficiencia de la relación alegada como supuesto de recusación, En segundo lugar y en relación con el orden público, y la supuesta falta de motivación, por apreciar suficiente motivación en el laudo.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia apelada que declaró la nulidad del contrato de arrendamiento de industria. Rechaza la excepción de falta de jurisdicción a favor del arbitraje de equidad pues el pacto arbitral queda delimitado, en primer lugar, por la condición subjetiva del conflicto y, en segundo lugar, por la materia, con la introducción de una salvedad en los casos de impugnación de acuerdos sociales, sin que el presente procedimiento derive de conflictos entre los socios y sí con terceras mercantiles. En segundo lugar, niega la existencia de incongruencia extrapetita, pues la pretensión contenida en el escrito de demanda tienen por objeto la nulidad del contrato de arrendamiento de industria suscrito entre los codemandados con base, primero, a que es una operación de autocontratación sin autorización, en la que había colisión de intereses, dada su titularidad de la contraparte, y respecto de bien cuya disponibilidad debía haber sido autorizada por la Junta General, siendo esta la cuestión resuelta en la sentencia apelada por lo que no existe extralimitación si se compara lo ordenado en el fallo de la misma y la pretensión de nulidad contractual formulada en la demanda. Sobre el fondo confirma la nulidad declarada pues no hay razón alguna para interpretar el art. 160 LSC en el sentido de limitarla a actos de disposición a título pleno cuando actos a título no pleno producen efectos análogos sobre la titularidad del bien, como es un arrendamiento de largo plazo
