Resumen: Cuando existe aval o seguro todas las cantidades anticipadas por el comprador a cuenta del precio, con sus intereses desde la fecha de su entrega, están garantizadas por la avalista o aseguradora, aunque falten los avales o certificados individuales, con tal de que dichas cantidades se correspondan con las contempladas en el contrato como parte del precio e independientemente de que se ingresen o no en una cuenta, del carácter de la cuenta en la que se ingresen y de que la cuenta pertenezca o no a la entidad avalista. La responsabilidad del garante no excluye la responsabilidad solidaria del banco que admita anticipos sin cumplir lo exigido en la norma por el importe de los anticipos que hubiera admitido. No incurre en responsabilidad la entidad de crédito cuando no consta que conociera los anticipos de los compradores por tratarse de ingresos que no fueron hechos por dichos compradores ni por la entidad promotora, sino por un tercero que es una sociedad mercantil. Deber de control sobre los ingresos: lo relevante es si la entidad conoció o pudo conocer la existencia de esos ingresos a cuenta, lo que tiene lugar en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas. La cuestión de si la entidad demandada conoció o pudo conocer y por tanto controlar los pagos encierra una valoración jurídica de la responsabilidad del banco cuya revisión es propia del recurso de casación.
Resumen: Vulneración de las reglas de distribución de la carga de la prueba. Se infringen en la sentencia de segunda instancia porque invierte la carga de la prueba, trasladándola a la esposa codemandada, cuando era al demandante al que le correspondía acreditar el presupuesto necesario para la estimación de su demanda: que el préstamo que hizo al esposo se dirigía a financiar las necesidades de la familia. Responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes. Deudas contraídas por uno solo de los cónyuges en el ejercicio de la potestad doméstica: excepción a la regla de separación de responsabilidades; responsabilidad subsidiaria del otro cónyuge; prueba de, al menos, una apariencia razonable del destino familiar y doméstico (habitualmente resultará de la naturaleza de los bienes adquiridos o de los servicios contratados); la carga de la prueba corresponde al acreedor que pretenda exigir responsabilidad al cónyuge no contratante. En el caso, no está acreditado que el préstamo concertado entre el demandante y el esposo de la codemandada se destinara a satisfacer las necesidades de la familia (la firma de la esposa en un documento en el que se expresa que el marido debe dinero al actor y ella solo manifiesta que lo sabe, no es asunción de responsabilidad personal, ni prueba del destino del dinero). Inexistencia de fraude ya que las capitulaciones sometiéndose al régimen de separación de bienes son muy anteriores a la deuda.
Resumen: Interpretación sobre el alcance liberatorio de las deudas contraídas con la Seguridad Social de los certificados de descubiertos emitidos en el marco de una subcontrata conforme al artículo 42 de Estatuto de los Trabajadores y si esa eficacia liberatoria, en su caso, alcanza a las deudas anteriores a la subcontrata y si incluye también, las deudas generadas durante la vigencia de la subcontrata. El TS concluye que respecto de las deudas anteriores a la subcontrata no cabe atribuir responsabilidad solidaria al empresario principal por las deudas de la anterior empresa con la Seguridad Social en el supuesto del citado artículo (cosa distinta es que el empresario principal pueda incurrir en responsabilidad sancionable si no recaba el certificado). Asimismo, respecto los descubiertos en que incurra el subcontratado, también en el supuesto del citado artículo, la emisión de certificados negativos por la TGSS no exonera al empresario principal de responsabilidad solidaria. Finalmente, y como cuestión ligada a la anterior, si el empresario principal no solicita certificaciones de descubiertos a la TGSS por los periodos de ejecución de lo subcontratado, tal omisión no será sancionable pero no evita su responsabilidad solidaria.
Resumen: Demanda interesando la nulidad de una cláusula contractual que imputaba a la parte prestataria los gastos y tributos derivados de la constitución de la hipoteca, entre ellos, los de notaría, registro, AJD y gestoría. En las dos instancias se apreció la nulidad de la cláusula y se condenó a restituir las cantidades pagadas por el impuesto de AJD. Reiteración de la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de una cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. La nulidad de la cláusula conlleva su inaplicación, y como efecto de ello, dado que los gastos deben ser abonados en todo caso a terceros (notario, registrador) debe analizarse a quién corresponde legalmente su pago. No se trata de ningún reparto equitativo de los gastos, sino de analizar la normativa aplicable al caso, para constatar a quien le corresponde el pago de cada uno de esos gastos. Se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Demanda de acción de anulación de contratos swap por error vicio del consentimiento y, subsidiariamente, de resolución y, en ambos casos, con la condena de la demandada a restituir la cantidad pagada con base en tales contratos y, en todo caso, la nulidad, por abusivas de las cláusulas que regulaban las liquidaciones, la resolución anticipada, la indemnización por cancelación anticipada y la de reconocimiento de haber recibido suficiente información. En primera instancia se declaró caducada la acción de anulación del contrato de swap y se estimó la de nulidad de las cláusulas impugnadas, debido a que los clientes no fueron informados de manera clara y comprensible de las características del contrato y de los riesgos aparejados y condenó al banco a devolver las cantidades que había cobrado. Apelada la sentencia por la demandada se estimó el recurso y desestimó la demanda ya que la ausencia de información precontractual es relevante únicamente respecto de la acción de anulación de un contrato por error vicio del consentimiento. Admitido el recurso de casación, se estima, pues la ausencia de una información precontractual adecuada determina su falta transparencia. Son abusivas las cláusulas porque determinan un mecanismo contractual de naturaleza compleja, inadecuado para unos consumidores que conciertan un préstamo que traía consigo importantes riesgos. También es nula la cláusula no negociada que contiene declaraciones sobre la suficiencia de la información recibida.
Resumen: Litigio en el que se ejercitó una acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving, basada en la Ley de Usura. El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda pues consideró que el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito solo concurrió a partir de la novación efectuada, en el que se elevó el tipo de interés. El demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó su recurso y declaró el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito desde el momento mismo de su suscripción; no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia, pese a la estimación plena de la demanda, por la concurrencia de serias dudas de derecho. Recurre en casación el demandante con ese único objeto y la sala rechaza su recurso. La sala en pleno decide que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Señala que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este caso, el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se desestima la casación.
Resumen: Proceso declarativo en el que se ejercita la pretensión de vencimiento anticipado por incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del prestatario que deja de pagar las cuotas e insolvencia sobrevenida. Es posible resolver el préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave sus obligaciones esenciales, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses. Para valorar la gravedad del incumplimiento debe tenerse en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor. Para evitar el vencimiento anticipado sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito. En el caso, el acreedor estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado al haberse producido un incumplimiento en el pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. La declaración de vencimiento anticipado efectuada por la entidad acreedora con anterioridad a la presentación de la demanda no excluye su posterior petición en un proceso. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena el pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución.
Resumen: Celebrados unos contratos de abanderamiento y exclusiva de suministro con cesiones de usufructo o derecho de superficie con Repsol, los titulares de las estaciones de servicio demandaron a esta última y solicitaron la declaración de nulidad radical de los contratos por no adecuarse a las exigencias del art. 81 TCE ni a las condiciones de exención de los Reglamentos 1984/83 y 2790/99 y la condena al pago de una indemnización. Repsol se opuso y formuló reconvención con carácter subsidiario para el caso de estimarse la nulidad. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de los contratos y condenó a Repsol al pago de distintas indemnizaciones. Interpuestos sendos recursos de apelación por ambas partes, se estimó el de la demandada, desestimó el de los demandantes y revocó la sentencia de instancia y desestimó la demanda. En lo que interesa, en relación con la duración de los contratos, consideró que la Decisión de Compromisos CE 12/04/06 había subsanado la nulidad de los contratos. La Sala analiza el único motivo de casación admitido en el que se cuestionan los efectos de la Decisión CE y, con cita de las SSTJUE 23/11/2017 (C-547/16) y 9/12/20 (C-132/19P), sostiene que el análisis de la Comisión es preliminar sobre la situación de competencia sin perjuicio de que pueda suponer un indicio o principio de prueba de la infracción. Mantiene la jurisprudencia de la sala tras la STS Pleno 67/2018 de 7 de febrero y estima el recurso.
Resumen: Reclamación a banco avalista de la constructora por incumplimiento de contrato de permuta de suelo por vuelo. Inexistencia de incumplimiento ya que las prestaciones de la constructora estaban sujetas a un plazo a contar desde la obtención de la licencia de obras, que a su vez debía solicitarse en plazo a contar desde la entrega del terreno urbanizado, lo que aun no se había producido al iniciarse el litigio. Las obligaciones a término o sujetas a un plazo, tienen su eficacia suspendida durante el lapso de tiempo que media entre la celebración del contrato y la llegada del término, de modo que el acreedor no puede exigir su cumplimiento. En este caso, la falta de entrega de los terrenos urbanizados es un hecho ajeno a la promotora demandada, que determina que no pueda imputársele incumplimiento obligacional. En este caso el término opera como verdadera condición suspensiva de eficacia. Nada de lo anterior es incompatible con el hecho de que la promotra enajenara la finca cedida en permuta dado que no existía prohibición contractual de enajenar. Necesidad de interpretar restrictivamente la fianza: debe ser expresa y no debe extenderse a más de lo contenido en ella. La intepretación de la parte demandante-recurrente desnaturaliza el contrato de fianza convirtiéndolo en un simple reconocimiento de deuda al pretender que el avalista venga obligado a pagar siempre y en todo caso.
Resumen: La discrepancia de interpretación versa, en esencia, sobre si resulta aplicable a los supuestos litigiosos el plazo de 12 meses establecido en el 2º párrafo del art. 27.4 LGCA para articular los concursos de las licencias vacantes según el Plan Técnico Nacional. Con remisión a sentencias previas, la Sala considera que las libertades de expresión e información traen como consecuencia que, en principio, todo el espectro radioeléctrico libre debe estar disponible para su uso por las Administraciones Públicas, ciudadanos y medios de comunicación que pretendan difundir las ideas e información que consideren oportunas. Pero dicha disponibilidad no es absoluta, sino que está condicionada a razones técnicas, compromisos internacionales y regulación nacional, entre la que destaca, la planificación técnica del espacio radioeléctrico. Ha de estarse al art 27 LGCA de forma que, una vez aprobada una planificación, el no aprovechamiento de espacios reservados al dominio público radioeléctrico para servicios de radiodifusión hace decaer dicha reserva. La regulación es clara y cuenta con una fundamentación razonable: si la reserva planificada no se ha afectado o empleado debe quedar libre para otra dedicación o necesidad. El hecho de que el art 27 se proyecte sobre la planificación técnica ya aprobada, no supone retroacción proscrita por el art 9.3 CE. Finalmente, no puede entenderse que las normas de desarrollo o modificaciones parciales equivalgan a un nuevo Plan Técnico Nacional.
