• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 312/2018
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Competencia de la jurisdicción civil: doctrina jurisprudencial sobre la delimitación entre contratos civiles y contratos administrativos celebrados por las Administraciones públicas. El principio de colegialidad e irregularidades causantes de indefensión constitucionalmente relevante (comunicación a las partes de la composición del órgano judicial; afectación del derecho a recusar; no cabe imponer un concreto modus operandi al tribunal). Inexistencia de incongruencia infra petita. Litisconsorcio e intervención de tercero como demandante. Inexistencia de incongruencia ultra petita. El principio pendente apellatione nihil innovetur. Inexistencia de error en la valoración de la prueba. Inexistencia de infracción a los principios de justicia rogada, congruencia y cosa juzgada. Efecto reflejo de la nulidad e intervención adhesiva simple. Legitimación activa de la Administración demandante y del tercero interviniente como terceros no contratantes. Infracción de normas imperativas de protección del patrimonio histórico-artístico. Regulación en el Derecho canónico de la personalidad jurídica de las órdenes monásticas y de enajenación de obras de arte propiedad de entidades eclesiásticas. Requisitos para la enajenación de bienes del patrimonio histórico-artístico. Res extra commercium. Los Acuerdos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede. Determinación de la titularidad de los bienes vendidos. Usucapión. La restitución de las prestaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1930/2018
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2016/2018
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad por error en el consentimiento en la adquisición de obligaciones subordinadas y subsidiariamente, acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. En primera instancia se estimó en parte la acción de indemnización y condenó al pago de los perjuicios reclamados menos los rendimientos percibidos y los intereses desde la demanda. Recurrida en apelación por los demandantes se estimó el recurso y declaró que resultaba improcedente descontar los rendimientos obtenidos y que los intereses debían devengarse desde la fecha en que se ejercitó la acción. Interpuesto recurso de casación por el banco, la sala lo estima y confirma la jurisprudencia de la sala contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor del cliente durante la vigencia de las productos financieros. Casa la sentencia y asume la instancia, desestima el recurso de apelación salvo en lo relativo a la fecha de inicio del cómputo de los intereses legales y confirma la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 4529/2017
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso, y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1309/2018
  • Fecha: 29/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Pleito en ejercicio de acción de nulidad, con los pronunciamientos consiguientes, y con carácter subsidiario, de acción resolutoria contractual por incumplimiento e indemnizatoria de los daños y perjuicios causados. Todo ello, tras canje obligatorio de las subordinadas y preferentes de los demandantes por acciones y su posterior venta. Alcance de la indemnización por el perjuicio sufrido. Se reitera la jurisprudencia según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debe computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. De modo que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, el daño resarcible en estos casos se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. De forma que, para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del FROB y los rendimientos generados a favor de los clientes durante la vigencia del producto financiero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 198/2017
  • Fecha: 28/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ámbito del recurso de casación: no cabe denunciar la infracción de una norma procesal sobre valor probatorio de los documentos privados. Modificación o novación de la cláusula suelo originaria: es posible siempre que la modificación haya sido negociada o si, cuando no lo ha sido, cumpla con las exigencias de transparencia; si se cumplen estos requisitos la nueva cláusula es válida, sin perjuicio de que se pudiera declarar la nulidad de la originaria modificada si no superaba los requisitos de transparencia. Transacción sobre la cláusula suelo: es posible cuando las partes, en una situación de incertidumbre, controvertida y para evitar un litigio, acuerdan realizar concesiones recíprocas y alcanzar un pacto que convierta la incertidumbre en seguridad, y si los términos de la transacción vienen predispuestos por el empresario es preciso comprobar, incluso de oficio, que se han cumplido las exigencias de transparencia en la transacción. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: conocimiento por el consumidor de las consecuencias económicas. Las pautas interpretativas sobre la inclusión de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior acuerdo no negociado individualmente, que la modifique. En el caso: la modificación cumplía las exigencias de transparencia; la cláusula de renuncia no es válida porque abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3716/2017
  • Fecha: 21/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Garantía por las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (Ley 57/1968). Intereses: se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. Precedentes jurisprudenciales que no aplican esa regla por razones de congruencia (caso en el que en la demanda no se hizo una petición expresa de condena al pago de intereses desde cada anticipo por lo que se condenó al banco avalista al pago de intereses desde el requerimiento de pago). En el caso, la sentencia de segunda instancia se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en la medida en que, razonando la inexistencia de mora por parte del banco avalista, impone los intereses desde la fecha de la interpelación judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2748/2017
  • Fecha: 21/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condenado el banco demandado en ambas instancias a restituir al cooperativista demandante hoy recurrente las cantidades anticipadas que reclamaba en este pleito más el interés legal, el objeto del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada se reduce a determinar el comienzo de su devengo, toda vez que el recurrente pide que se fije a tal efecto la respectiva fecha de entrega de las cantidades aportadas frente al criterio de la sentencia recurrida de fijarlo en la fecha de la interpelación judicial a la entidad bancaria. En la sentencia se razona que no existe norma especial que establezca el inicio del cómputo de los intereses legales, por lo que aplica la general recogida en el art. 1108 del CC, con la consecuencia de que el día inicial debe fijarse en la fecha en que el banco demandado fue interpelado judicialmente y que la cantidad pendiente de devolución era inferior a la cantidad a que se condenó en la sentencia apelada puesto que la reclamación del demandante por esta última cantidad respondía a incluir ya el interés legal devengado hasta la fecha de la demanda. Contra dicha sentencia el demandante interpuso recurso de casación referido a la cuestión del comienzo del devengo del interés legal. Se estima el recurso al apreciar que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de esta Sala contenida en SSTS 452/2020 de 21 de julio, 177/2020 de 18 de mayo que disponen que se devengue desde cada anticipo a la cooperativa al ser intereses remuneratorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 962/2020
  • Fecha: 21/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado una demanda de desahucio por precario ejercitada por la cotitular de un inmueble ganancial frente a la legataria del usufructo de aquel bien. Se trata de un inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales constituida por el causante y la demandante. Tras su divorcio, el causante contrajo un segundo matrimonio y en su testamento legó el usufructo de ese bien a su cónyuge. La sala recuerda su doctrina acerca de que en las comunidades hereditarias, si bien cada coheredero puede servirse de las cosas comunes, la utilización de un bien por uno solo de los partícipes que excluya el uso de los demás es ilegitimo. Por esta razón, se admite la acción de precario a favor de la comunidad hereditaria y frente al coheredero que disfruta de la cosa en exclusiva, aunque fuere por concesión graciosa del causante, régimen que también es aplicable a las comunidades postgananciales como a la que se refiere el supuesto litigioso, ya que la accionante es cotitular ganancial de la vivienda. No se da la falta de legitimación en el actor cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda de una manera expresa que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se trata de una pretensión que de prosperar redundará en provecho de la comunidad. En el caso, se acredita que la acción no se ejercita en beneficio exclusivo de la actora, al no reclamar la vivienda a su favor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 7586/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la inscripción de la marca número M-3635805 "CAVA BROT VINS DE TALLER"(mixta) en la clase 33. Desestimación. La prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1.g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido; y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida. En este caso, la marca solicitada puede inducir a error al público en el sentido de que el producto puede entenderse amparado por la denominación de origen. La autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.