Aprobados los protocolos y manuales procesales para los partidos judiciales de Cartagena, Lorca y Murcia

Tipo de documento
Protocolos y guías de actuación
Comunidad autónoma
Murcia
País
España
Año
2025

El miércoles 17 de diciembre se validaron por Secretaría de Gobierno TSJMU los 3 protocolos y 31 manuales redactados por la Secretaría de Coordinación Provincial para los servicios comunes que, a partir del 1 de enero, darán soporte procesal a los tribunales de instancia de Cartagena, Lorca y Murcia, así como a la AP y el propio TSJ.

Los protocolos y manuales anexos forman parte de la fase III de la implantación de la NUMO y han sido remitidos a la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia para su validación final y publicación en la Web Protocolos - Oficina Judicial.

Durante todo el proceso de elaboración se ha dado amplia participación a LAJ, jueces, magistrados, Sala de Gobierno TSJMU y, de de manera muy especial, a las presidencias de los nuevos tribunales de instancia que han trabajado en directa coordinación con las direcciones de servicios que se crean.

El contenido de los manuales anexos a los protocolos persigue aterrizar en cada partido, área procesal y jurisdicción la estructura organizativa que parte de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas. Para ello, a partir de la dirección y , en su caso, jefaturas de área, se han creado tres niveles para poder organizar procesalmente los servicios por jurisdicción o tipo de órgano:

                Grupo de Trabajo Procesal -> Negociado -> Unidad funcional

Al frente de cada de cada Grupo de Trabajo Procesal se sitúa un/a LAJ líder de grupo que se realizará directamente con la correspondiente sección del tribunal de instancia.

En cuanto al contenido, los manuales incluyen la información que identifica el servicio: ¿qué hace el GTP en ese servicio? ¿quién lo hace? ¿Cómo se organizar por dentro? ¿Qué servicio se da a jueces y magistrados? ¿Como ser relaciona externamente? y, además, un apartado final donde se pretende ir actualizando los criterios de decisión uniformes con el objetivo de asegurar, de cara a los profesionales del Derecho, una mayor previsibilidad a la respuesta procesal.

 

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