El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el ‘caso Imelsa’, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, contra su imputación por delito electoral en la pieza separada en la que además se investiga un delito de blanqueo de capitales.

En un auto, notificado hoy a las partes, el juez rechaza los argumentos esgrimidos por el abogado de la imputada y mantiene que el hecho de que no fuera administradora electoral de las candidaturas en los comicios investigados, 2011 y 2015, “no impide que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria conforme a la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo”.

Precisa, no obstante, que tal delito “no se le está atribuyendo de modo definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y por eso es llamada a declarar en calidad de investigada, en los términos garantistas que nuestro ordenamiento procesal procura”.

En su resolución, el juez explica que es “incuestionable” que con cargo a la cuenta bancaria que gestionaba se pagaron gastos electorales y que es al final de la instrucción cuando procede valorar los indicios que existen contra la imputada y su significación penal.

En el recurso, la defensa de García Fuster cuestionaba también la continuidad y conexidad delictivas apreciadas por el instructor así como la declaración de complejidad de la causa, extremos, todos ellos, rechazados por el juez.

Por otro lado, el titular de Instrucción 18 ha citado a declarar a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y al empresario José Adolfo Vedri para que declaren como investigados en la pieza separada en la que se investiga el supuesto amaño de contratos en el área de Cultura del Consistorio valenciano a cambio de comisiones ilegales. Deberán comparecer ante el juez el día 22 de septiembre. El día 23 declararán otros tres empresarios imputados en esta pieza, adjudicatarios de los contratos de limpieza y mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.

En las diligencias del ‘caso Imelsa’ se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral. Se estructura en una pieza principal y cinco separadas.