La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado esta mañana la ejecución inmediata de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado martes confirmó las condenas por prevaricación y malversación de caudales públicos a los seis acusados en el caso Las Teresitas, ante la gravedad de las condenas y de los hechos que las motivaron, y la capacidad económica de todos ellos para sustraerse presumiblemente a la acción de la Justicia.

Tras recibir oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo, la Sección Segunda de la Audiencia santacrucera, en su condición de órgano encargado de ejecutar el fallo, dictó esta mañana orden de detención para inmediato ingreso en prisión contra el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife M.Z. (condenado a siete años de cárcel), contra el exconcejal de Urbanismo M.P. (condenado a la misma pena) y contra los empresarios A.R.P. (condenado a cinco años y tres meses) e I.G.M. (condenado a cinco años).

M.P. y A.R.P. fueron localizados por los agentes comisionados para su detención en horas del mediodía, y poco antes de la 16.00 horas GMT eran conducidos a la prisión de Tenerife II.

Los agentes que fueron a detener al empresario I.G. informaron de que éste alegaba severos problemas de salud para someterse a la detención, por lo que la Audiencia ordenó que fuera reconocido por un médico forense antes de tomar cualquier nueva decisión. El facultativo de los juzgados examinará mañana al condenado.

La Policía no encontró en su domicilio a M.Z., y por lo tanto no pudo cumplir la orden de detención. Sus familiares se comprometieron a localizarlo. Por la tarde, el exalcalde y exsenador nacionalista se personó  voluntariamente en sede policial acompañado de su abogada, y fue conducido al mismo penal que M.P. y A.R.P.

En referencia a los otros dos condenados, el exdelegado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife J.V.R. y el exgerente de Urbanismo del mismo Ayuntamiento J.T.M., la Sala les ha concedido cinco días para su ingreso voluntario en prisión, al haber sido condenados a penas menores que los anteriores (cuatro años y seis meses para el primero y cuatro años el segundo) y ser menor el riesgo de sustracción a la Justicia.