A las 11 de la mañana, tal y como estaba previsto, en la sede judicial de Fueros de Aragón dio comienzo la reunión con la asistencia del Juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, la Secretaria de Gobierno, María Pia Lardiés, y el magistrado de Primera Instancia Francisco Polo. Por parte del Ayuntamiento han asistido a la reunión la Concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto y el Concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Hijar así como representantes de Zaragoza Vivienda, la Dirección General de la Vivienda de la DGA, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, abogados representados por el Decano del Colegio Antonio Morán y un representante de los procuradores.

En esta primera sesión se han valorado los dos años de ejecución del convenio firmado entre El CGPJ, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias en materia de “lanzamientos y medidas de carácter social” y se ha puesto de relieve el papel que cada uno de los operadores ha tenido durante los dos años de aplicación del convenio. “Las distintas perspectivas aportadas por los asistentes en esta reunión nos ha permitido conocer con más profundidad la realidad y los problemas existentes en cuestiones de vivienda -explica Ángel Dolado- y aportar nuevas ideas encaminadas a mejorar las soluciones”.

Los juzgados de Zaragoza pueden colaborar poniendo en conocimiento de los servicios sociales las situaciones personales de especial vulnerabilidad que detecten en el curso de los procedimientos judiciales y facilitando a las personas afectadas toda la información necesaria para que puedan acudir a los servicios sociales y encontrar así una solución a su problema. “En todo caso, los órganos judiciales siempre están sujetos al cumplimiento de unas normas y plazos procesales y tenemos el deber de garantizar los derechos de todas las partes implicadas, explica el Juez Decano”.