El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia no admite la querella por un delito de prevaricación, presentada en julio del pasado año, por la Fundación San Antonio, contra funcionarios de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por un supuesto bloqueo en la obtención de licencias para edificación de una zona deportiva y un aulario.

“No cabe duda pues que estamos ante un conflicto jurídico técnico, y que la vía penal no es la adecuada”, destaca el magistrado en el auto, tras explicar la atipicidad penal de los hechos descritos en la querella.

“La parte querellante bien puede acudir a la vía Contencioso-Administrativa contra las decisiones de Cultura o del propio Ayuntamiento. En nada soluciona el conflicto esta investigación penal que se solicita sea abierta”, concluye la resolución.