Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 41.316 denuncias, un 2,9 % más que en el año anterior, mientras que el número de mujeres víctimas, que fue de 36.785, se mantuvo en cifras muy similares a 2024, con un leve descenso situado en el 0,3 por ciento. Ocho de cada cien mujeres víctimas (el 7,9 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración. 

Según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y que se han hecho públicos hoy, durante 2025 se acordaron prácticamente las mismas órdenes de protección que el año anterior, con un ligero aumento del 0,2 por ciento. En cuanto a las solicitudes recibidas, se produjo un descenso que se situó en el 1,9 %. 

Al igual que en 2024, más de siete de cada diez denuncias (72,4%) fueron presentadas directamente por las mujeres victimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron apenas el 1,74 por ciento. Se trata de un reparto porcentual que se viene repitiendo de forma lineal desde que se recogen este tipo de datos. En términos absolutos, durante 2025 las víctimas presentaron 29.927 denuncias y sus familias, 722. 

El resto de las denuncias del pasado año se registraron por intervención directa policial (5.309, el 12,8% del total); por remisión de un parte de lesiones al juzgado (3.550, el 8,5%) o por servicios de asistencia y terceros en general (1.808, el 4,3%). 

El número de mujeres víctimas en 2025 en Andalucía, Ceuta y Melilla ascendió a 36.785, cifra muy próxima a la del año anterior, respecto del que se registraron un 0,3% menos. De ellas, 26.950 (73,2%) eran españolas y 9.835 (26,7%) tenían otras nacionalidades. 

El 7,9% de las víctimas renunció a declarar contra su agresor 

El número de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar (2.941) aumentó un 37,2% respecto a 2024. En otros términos, tomaron esta decisión casi ocho mujeres víctimas de cada cien (7,9%), un porcentaje inferior al de la media nacional, que fue del 11,3 por ciento.  Teniendo en cuenta el número total de víctimas extranjeras (9.835), las 942 que se acogieron a la dispensa representaron el 9,57 por ciento; las 1.999 españolas representaron el 7,42 % del total. 

El número de menores -hijos/as de las mujeres víctimas que estaban bajo su tutela, guarda o custodia y que aparecen identificados como víctima en la denuncia- ascendió a 81 el pasado año, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2024, cuando fueron 85. 

Andalucía se sitúa por encima de la media nacional 

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 74 en toda España, dos décimas más baja que la de 2024. 

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9. 

Las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4. 

Órdenes de protección solicitadas y concedidas 

En 2025 se solicitaron en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) un total de 9.372 órdenes de protección, un 1,9% menos que en 2024. De ellas, fueron acordadas 7.263 -prácticamente las mismas que el año anterior- y se denegaron 1.928. Los órganos judiciales acordaron el 77,4 % de las órdenes de protección que les fueron solicitadas. 

Del total de órdenes de protección adoptadas por los órganos judiciales, 6.442 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 76,4% de las solicitudes que recibieron; las otras 821 correspondieron a los juzgados de guardia y representaron el 86,6% de las que les fueron solicitadas. 

Medidas judiciales penales y civiles de protección 

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 13.987 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (5.461) y la orden de alejamiento (5.373), seguidas de otras medidas como la suspensión de la tenencia y uso de armas (975) y la prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima (682). 

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron un total de 5.158 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.722), seguidas por las relacionadas con la atribución de la vivienda (923) y la suspensión del régimen de visitas (933). 

Nueva competencia en materia de violencia sexual 

Los datos hechos públicos hoy incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. 

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron 487 denuncias y registraron un total de 487 mujeres víctimas en toda España.

El número de delitos instruidos ascendió a 507, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 395. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (77), la trata con fines de explotación sexual (34) y el matrimonio forzado (1).

En el mismo periodo, se recibieron 102 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 96. 

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Esther Rojo

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera muy relevante el elevado porcentaje de denuncias presentadas por las mujeres víctimas que, año tras año y de forma lineal a lo largo de la serie histórica, se sitúa en torno al 70 por ciento. En concreto, en 2025, el 71,61 % de las denuncias (en total 146.338) fueron presentadas por las propias mujeres víctimas, tanto ante la policía como en el juzgado.

Este porcentaje debe ponerse en relación con el de las denuncias presentadas por el entorno familiar de las mujeres víctimas, que en 2025 volvió a situarse en un 1,96 por ciento (4.006 denuncias), una cifra que también se viene manteniendo estable en la serie histórica.

Esther Rojo asegura, a la vista de los datos sobre las denuncias, que las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres, pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio, como puede desprenderse del informe sobre víctimas mortales de la violencia de género correspondiente a 2025, hecho público la pasada semana por el Observatorio.

Por otra parte, la presidenta del Observatorio hace un llamamiento al entorno de las mujeres víctimas, tanto familia como amigos/as o compañeros/as de trabajo, para que, si tienen conocimiento de este tipo de hechos, los denuncien o los pongan en conocimiento de cualquiera de las instituciones que trabajan en la erradicación de la violencia de género. Esther Rojo considera que no debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer,  pues en muchos casos la víctima tiene dependencia emocional y/o económica del agresor, que además en la mayoría de los casos es el padre de sus hijas e hijos.

Esther Rojo señala también el descenso (del 2,68 %) de las solicitudes de orden de protección, dato que, puesto en relación con el número de mujeres víctimas, muestra que este tipo de medidas fueron solicitadas por el 26 % de ellas. A pesar de este descenso, el porcentaje de órdenes y medidas de protección acordadas por los órganos judiciales se mantuvo un año más cerca del setenta por ciento.

La presidenta del Observatorio también considera muy positivo el elevado número de sentencias condenatorias, un 82,36 % del total de sentencias dictadas en 2025. En su opinión, este dato demuestra un elevado nivel de eficacia y un correcto funcionamiento de la justicia, tanto de los jueces y de las juezas como del resto de profesionales que colaboran con ellos/as. Con ello, los espacios de impunidad son cada vez más escasos.

Rojo destaca que una sentencia condenatoria solo puede dictarse cuando se ha logrado reunir prueba de cargo suficiente, con una escrupulosa observancia de las garantías que asisten a todo investigado y/o acusado; y a pesar de las dificultades probatorias existentes en muchas ocasiones, bien porque la denunciante se acoge a la dispensa del deber de prestar declaración, bien porque se trata de delitos que se han producido en la intimidad, sin otros testigos directos.

Por último, en cuanto al incremento de la carga de trabajo tras las nuevas competencias asumidas por los juzgados de violencia sobre la mujer (y secciones de las Audiencias Provinciales) estima prudente esperar a conocer los datos del primer trimestre del 2026, a fin de evitar valoraciones precipitadas. 

Los datos estadísticos están disponibles en la página:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/