El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la extradición a Estados Unidos del exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) V.V. para ser juzgado por aceptar sobornos millonarios supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado que pide condicionar la entrega a la confirmación de la ONU sobre la inmunidad del reclamado, los magistrados del Pleno desestiman el recurso de V.V. contra la decisión de la Sección Segunda que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre.

En su recurso de súplica, el reclamado alegaba que goza de inmunidad por ser personal de la ONU, que no cuenta con la autorización necesaria del secretario general de este organismo para proceder contra él, así como que se trata de una persecución política con vulneración de sus derechos fundamentales.

La alegación de motivos políticos “carece de la mínima base objetiva”

La Sala desestima todos sus argumentos y señala, en relación con el último de los argumentos, que “la alegación de motivos políticos en el presente caso carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario”. Añade que dicho argumento no puede servir para la denegación de la entrega, puesto que “de lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional”.

El auto cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada en el que plantea la estimación parcial del recurso y condicionar la entrega a la previa confirmación de Naciones Unidas del alcance de la inmunidad que le corresponde al reclamado y, en su caso, a la renuncia expresa del secretario General de este organismo.

Los hechos en los que se basa la reclamación extradicional relatan que, “al menos desde septiembre de 2015 y hasta más o menos agosto de 2023, el acusado -quien durante la mayor parte de ese tiempo fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- mantuvo una relación corrupta con D.K., el acusado -un empresario británico- en la que V.V. acordó aceptar y aceptó millones de dólares en sobornos de D.K. a cambio de que usara su poder e influencia como funcionario de la ONU para desviar más de 60 millones de dólares estadounidenses en subvenciones y préstamos no garantizados a compañías vinculadas a D.K. Ambos también acordaron transferir y efectivamente transfirieron parte de los pagos de sobornos desde cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos hacia cuentas bancarias en los Estados Unidos y a través de estas, con el fin de promover la continuidad del plan de soborno”.