La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a L.A.U., a dos años y medio de prisión y una indemnización de 205.4747 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito continuado de apropiación indebida. El acusado cobraba el importe de las pensiones que debían ser abonadas a sus beneficiarios, obteniendo de forma ilícita más de 210.000 euros de al menos, 61 personas –tres de ellas fallecidas-, durante los años 2005 y 2011.

En su condición profesional de habilitado de clases pasivas, L.A.U. recibía mensualmente desde cuentas de la Seguridad Social los haberes de clases pasivas en nombre de los clientes que así le tenían habilitado. Así, desde el año 2005 y principalmente durante los años 2010 y 2011, el acusado, en lugar de transferirlas a la cuenta de sus destinatarios, las hacía suyas dejando a sus clientes sin percibir sus pensiones.

En otras ocasiones, silenciaba el fallecimiento de algunos de sus clientes para que la Seguridad Social continuara efectuando las transferencias que igualmente hacía suyas.