La Audiencia Provincial de Sevilla ha aplazado del 4 de mayo al 22 de junio el inicio del juicio con jurado popular contra las siete personas acusadas en relación al triple crimen ocurrido en la localidad de Dos Hermanas en septiembre de 2017, en el que perdieron la vida una mujer, su hija menor de edad y la pareja sentimental de la primera, una decisión que se ha adoptado dado el Estado de Alarma decretado en España por el Covid-19.

En un auto dictado hoy día 15 de abril, el magistrado-presidente del juicio con jurado popular explica que “el actual Estado de Alarma, acordado por el Gobierno de la Nación, así como la incertidumbre sobre si el mismo debe ser prorrogado y sobre la paulatina normalización de la vida ciudadana, que parece prever una limitación del número de personas que se podrán, en su caso, reunir en espacios cerrados, obliga a suspender” el inicio del juicio fijado para el 4 de mayo y aplazarlo al 22 de junio.

De este modo, el día 22 de junio tendrá lugar la selección y constitución del jurado, mientras que la vista oral se celebrará a partir del 23 de junio “en tantas sesiones sucesivas de mañana que sean precisas”, en principio hasta el 8 de julio. Todas las sesiones de mañana se iniciarán a las 10,00 horas, sin perjuicio de que, en caso necesario, se habiliten las tardes para poder cumplir el cronograma del juicio.

Así, el 23 de junio están previstas las cuestiones previas, la proposición de nueva prueba y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento.

Los días 24 y 25 de junio prestarán declaración los siete acusados, mientras que el día 26 del mismo mes comenzarán las declaraciones de los testigos (incluidos testigos protegidos, cuyas declaraciones se practicarán a puerta cerrada), de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación de los hechos y de los peritos, estando previsto que las conclusiones definitivas y los informes finales de las partes tengan lugar los días 6, 7 y 8 de julio.

Tras todo ello, el jurado recibirá el objeto del veredicto por parte del magistrado-presidente y se retirará a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los encausados.

Los siete acusados, de modo genérico, serán juzgados por presuntos delitos de detención ilegal, asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En este sentido, la Fiscalía pide tres penas de prisión permanente revisable -una por cada uno de los tres delitos de asesinato que les atribuye- para cinco de los siete investigados.