La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid que admita a trámite la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Economía y Hacienda contra la directora del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria (AEAT) y contra el director del Departamento de Inspección de ese organismo en 2010 por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

La querella relata que cuando la AEAT conoció ese año, tras la divulgación de la llamada ‘lista Falciani’, que destacadas personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza, optó por enviarles un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales para que en el plazo de 10 días hábiles presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio, permitiendo de esta manera que sus posibles delitos fiscales no pudieran perseguidos penalmente.

Los querellantes añaden que las instrucciones y pautas de actuación de la AEAT obligaban a abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación, a raíz del cual si la Administración entendiese que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial.