La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha declarado competente para instruir, y en su caso, enjuiciar, a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera Chacón, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y Mar Moreno. Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente. Se nombra instructor a Alberto Jorge Barreiro.

En su auto, los jueces hacen constar que en este momento procesal, le corresponde exclusivamente a la Sala verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada se consignan hechos que, "según una valoración muy provisional  pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas".

Continúa: “De lo expuesto en la exposición razonada remitida al Supremo resulta indiciariamente que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas socio laborales y ayudas directas a trabajadores se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años que permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas".