En la mediación penal, víctima e infractor, a través de un proceso de diálogo y comunicación confidencial, conducido y dirigido por un mediador imparcial, se reconocen capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito.

Se posibilita la reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas, propiciando en el imputado la responsabilidad personal y permitiendo a la víctima ser escuchada y resarcida.

Si bien en la legislación penal de adultos la mediación no se contempla, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal establece que: “Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales […]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación […]. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo de 2006” (arts. 10 y 17).

¿QUÉ FINES PERSIGUE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL?

• Asegurar una efectiva protección a la víctima mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito. Si no existe víctima, la reparación podrá tener carácter simbólico ante la comunidad social.
• Responsabilizar al infractor sobre las consecuencias de su infracción.
• Puede atenuar la pena.
• Procurar medios para la normalización de su vida.
• Restablecer la convivencia y el diálogo comunitario.
• Devolver protagonismo a la sociedad civil.
• Conocer las causas reales y las consecuencias del conflicto, buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de víctima e infractor.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN PENAL?

Los órganos judiciales que estén interesados en participar en el proyecto, necesitarán, previamente a su incorporación:

• Contar con la colaboración institucional – CCAA, Ayuntamientos, Universidades, Colegio de Abogados …, que permita presupuestariamente contar con un acreditado grupo de profesionales de la mediación, así como dotar de un lugar adecuado para la celebración de los encuentros.
• Contar con el interés y acuerdo de la Fiscalía en la participación del proyecto.
• Comunicar al Consejo General del Poder Judicial, a través del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, su voluntad de participar en el proyecto.