El Juzgado de Instrucción 3 de Murcia acuerda prorrogar hasta el 1 de enero de 2026 el plazo de instrucción de diligencias que se siguen por 13 homicidios imprudentes en las discotecas de Atalayas, abiertas el 1 de octubre de 2023. En el auto, notificado ayer, se recuerda que “la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece plazos máximos de instrucción que podrán ser prorrogados mediante resolución motivada cuando concurran circunstancias que lo justifiquen”.

La magistrada amplía el plazo en tres meses al estar próximo a expirar el plazo máximo de instrucción que, tras la última prórroga, comprendía hasta el 1 de octubre.

En la resolución se deja constancia de que ya se han practicado numerosas diligencias: las declaraciones de seis investigados y numerosos testigos, varios informes técnicos y periciales, así como la emisión de oficios dirigidos a requerir documentación a distintas mercantiles, administraciones y organismos públicos.

La magistrada explica que, pese al volumen de actuaciones cumplidas en los últimos meses, todavía restan diligencias por practicar que resultan esenciales para cerrar la instrucción con todas las garantías. “Resulta procedente acordar la prórroga de la instrucción atendiendo a la complejidad del procedimiento y a las diligencias pendientes de práctica que se consideran imprescindibles para la completa investigación de los hechos”, se indica en la resolución.

En este punto, la resolución detalla que el pasado 12 de septiembre se acordó para finales de octubre, la declaración en calidad de investigado del proyectista de las salas de fiestas, tras el informe pericial de la arquitecta designada judicialmente y 7 nuevos testigos.

El auto recuerda que, según la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, los plazos de instrucción constituyen una garantía frente a dilaciones indebidas, pero no pueden convertirse en un límite que impida la investigación de hechos de relevancia penal cuando se aprecian razones objetivas de complejidad. El propio auto señala que “en el presente procedimiento se aprecia la necesidad de ampliar el plazo con el fin de llevar a cabo diligencias de prueba aún en trámite, cuya práctica resulta esencial para la adecuada instrucción de la causa”. Estimando suficiente el plazo de tres meses más “a la vista de todo lo obrado en autos y practicado”.