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Antonio Sempere, presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo, y Juan Martínez, vocal del CGPJ, participan en una actividad formativa para dotar de la máxima seguridad jurídica de la determinación de las indemnizaciones en accidentes de tráfico, de trabajo, negligencias médicas o agresiones delictivas
Una veintena de magistrados con destino en Murcia trabajan en la unificación de criterios para la valoración de daños corporales para garantizar la máxima seguridad jurídica a la hora de fijar el importe de indemnización en un litigio por un accidente de tráfico, de trabajo o una negligencia médica, por ejemplo.
Actividad formativa de carácter transversal, para conocer las novedades de las últimas líneas interpretativas de la jurisprudencia, de interés para los especialistas en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, social y contencioso, organizada en el marco del plan territorial descentralizado de formación de jueces y magistrados que organiza el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y coordinada por el magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Enrique Dominguez López.
El encuentro, dirigido por el magistrado Mariano Gascón Valero, presidente de la Sala de lo Social del TSJMU, ha comenzado con su exposición sobre la evolución histórica de los baremos y sistemas de valoración del daño corporal.
La actividad ha contado con la participación de Antonio Vicente Sempere Navarro, presidente del Tribunal Supremo (e.f.) y de la Sala de lo Social y catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que se centró en el análisis de la valoración del daño moral en la jurisprudencia.
Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la Sala de lo Social del TSJMU, ha abordado la responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo. Y, por último, Juan José Hurtado Yelo, titular del Juzgado de Instancia 8 de Murcia, ha destacado las novedades en la valoración de las lesiones temporales conforme al baremo de tráfico y la determinación de la cuantía de la indemnización en base a cada caso concreto y a las circunstancias personales y específicas de cada perjudicado.