El Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, que instruye las diligencias previas 316/2015, conocidas como caso Auditorio, eleva exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a la misma, pues podría existir indiciaria responsabilidad penal, en íntima conexión con otras personas no aforadas para el exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez López, actualmente Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los hechos objeto de investigación en estas diligencias pudieran constituir, según el escrito remitido, “y siempre con la provisionalidad propia de esta fase procesal”, un delito de prevaricación continuada, un delito de fraude contra la Administración Pública, un delito de falsedad en Documento Oficial previsto y un delito de malversación de caudales públicos.

La propuesta se eleva tanto en relación con la persona aforada como las personas investigadas no aforadas, al estimarse que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa.

La resolución no es firme cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días.

Pieza separada

En una resolución previa, la juez inadmite el recurso interpuesto por siete de los investigados solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa. Y en una tercer auto, se acuerda que se abra una pieza separada, al apreciar que “los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, por si pudieran constituir indiciariamente un delito de malversación y/o fraude a la Administración Pública. “Resultando aún prematuro”, según la magistrada instructora, dirigir el procedimiento contra persona alguna por su presunta participación en los mismos.