La presentación de esta memoria, que responde al compromiso de transparencia y rendición de cuentas asumido por este TSJ, se estructura en dos apartados:

1. Resumen de actividad jurisdiccional.
2. Necesidades

De nuevo, la Memoria del TSJ de la Región de Murcia presenta la información agrupada en cinco ejes de intervención, identificados en nuestra Agenda Estratégica para el quinquenio 2015/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REGIÓN

UN AÑO SIN PRECEDENTES

La respuesta de la justicia murciana a la COVID-19

Tras la declaración del Estado de alarma, la Sala de Gobierno del TSJMU planificó una serie de estrategias de gestión de la crisis, de implantación sucesiva en el tiempo. Todas ellas se fueron ejecutando desde el 15 de marzo, siendo la última de ellas el “Diseño de actuaciones para recuperar el desarrollo normal de la actividad”.  En esa línea se enmarcó el Plan de Desescalada y Reactivación de la Actividad Judicial en el ámbito del TSJMU. Esta rápida adopción de medidas ayudó a limitar los contagios y mantener los servicios esenciales y normalizar, en lo posible, la actividad judicial en los 11 partidos judiciales de la Región de Murcia.

En unos pocos meses hemos tenido que adaptar -o tratar de adaptar- nuestras sedes, procedimientos y rutinas a unas exigencias sanitarias de limitación de aforos e interacción personal que resultan especialmente inconvenientes, cuando no abiertamente incompatibles, con principios esenciales de la actividad jurisdiccional, como la inmediación, la contradicción, la accesibilidad y la publicidad de las actuaciones judiciales.

Además del acondicionamiento de todas las sedes judiciales a las exigencias sanitarias, durante el pasado año nuestro esfuerzo se centró en medidas dirigidas a paliar los efectos del COVID, a través de la implantación del teletrabajo para 928 usuarios (un 58 % de todo el personal judicial a nivel regional), el fomento de las actuaciones judiciales telemáticas (7.657 realizadas entre marzo 200 y marzo de 2021), la generalización de la cita previa electrónica a todos los registros civiles y su despliegue progresivo a otros órganos y servicios, la promoción de unificación de criterios jurisdiccionales, y la generalización de la atención por medios no presenciales a profesionales y ciudadanos.

Indicadores clave de actividad

En 2020, los juzgados y tribunales de la Región de Murcia recibieron 182.575 asuntos y resolvieron 169.865. El número de procedimientos pendientes aumentó en un 10,2 % a lo largo del año 2020, si se compara con los asuntos en trámite a finales del año 2019.

Si se comparan con los de ejercicios anteriores, se evidencian las consecuencias de la pandemia y los datos de 2020 invierten la tendencia al alza que se experimentó en los últimos dos años, llegando a superar en 2019 en la Región la barrera de los 200.000 asuntos ingresados. No obstante, los datos regionales ofrecen importantes diferencias con respecto a la media del resto del país, donde el ingreso de asuntos bajó un 12 % en relación con 2019 (2,4 puntos más de caída que los de nuestra comunidad, donde fue del 9,6 %). La respuesta de los órganos judiciales regionales fue mejor que la habida a nivel nacional: mientras en toda España cayó en 2020 un 14,1% de media respecto de 2019, en Murcia el descenso de resolución en 2020 fue de solo un 9,9 % menos que en 2019 (una diferencia de 4,2 puntos de mayor productividad a nivel regional).

Un enorme esfuerzo, en un año muy complejo. Prueba de ello son las 35.906 sentencias, 90.027 autos y 43.157 decretos dictados en la Región de Murcia. Además, no podemos dejar de atender a la labor realizada en demandas de ejecución, a veces postergada en los informes, pero que supone la auténtica realización del derecho. En fase de ejecución, se recibieron 25.619 demandas y se finalizaron 41.575. 

La Región con una cifra que superó los 120.000 asuntos en trámite durante los cuatro trimestres de 2020 (más de 1.000 asuntos en trámite por cada órgano, a 31 de diciembre de 2020; 275 más que la media nacional, que es de 776) ocupa los peores puestos en pendencia media acumulada de toda España. Como he señalado en multitud de ocasiones, en esta situación influyen tres factores: 1. la baja ratio de unidades judiciales por cada 100.000 habitantes en la Región (10,8 por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 11,9) 2. la pendencia estructural provocada por el déficit histórico de jueces y 3. la tasa de litigiosidad soportada (120,8 asuntos por cada 1.000 habitantes) que sitúa la Región en la tercera más alta de España.                

La Región de Murcia ocupa el tercer puesto a nivel nacional con más litigiosidad por habitante (120,8 asuntos por cada 1.000, frente a los 116,5 de media nacional). Si valoramos de forma conjunta los datos, es evidente la dedicación y extraordinario esfuerzo de todos los que trabajan en la Administración de Justicia murciana, que, a pesar de los obstáculos, consiguen mantener la tasa de resolución por encima de la media nacional. Un colectivo que merece, una vez más, el reconocimiento al esfuerzo que diariamente realiza, a su compromiso con el servicio público.                  

                                  

Primer trimestre 2021

Durante el primer trimestre del año los asuntos ingresados han crecido un 13,1% (aumento que se ha concentrado sobre todo en la jurisdicción civil, con un 27,5%, y en la contenciosa, con un 37,3%). Aumento que se ha absorbido por el sistema gracias a que la resolución también ha crecido un 18,4%. Logrando contener o rebajar la tasa de pendencia.

Refuerzos COVID

Cualquier análisis que se haga a partir de los datos está, sin embargo, abocado al doble error de diagnóstico y pronóstico ante la inesperada contingencia que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19. El más que previsible incremento exponencial de la litigiosidad durante los próximos meses y años siguientes exigen medidas concretas.

En los juzgados y tribunales de la Región ya se han establecido refuerzos gracias al Plan de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

• Fase I: Diseñada y ejecutada en 2020.

→ Autorrefuerzo Social 1 Cartagena

→ Autorrefuerzo Social 6 y 9 Murcia

• Fase II: Diseñada en 2020 para despliegue en 2021.

→ Autorrefuerzos Social 2 Murcia y 2 Cartagena

→ Juez de refuerzo para Social 1 y 8 de Murcia

→ Tres equipos dinámicos con juez, LAJ y 3 funcionarios cada uno (dos para Social Murcia y uno para Social Cartagena)

→ Dos magistrados de refuerzo en la Sala de lo Social del TSJ

→ Comisión magistrado Contencioso Cartagena

→ Refuerzos Mercantil y constitución 4º juzgado.

→ Comisión de tres magistrados para refuerzo Sección 4 de la Audiencia Provincial (en materia de cláusulas suelo)

 

PLANTA JUDICIAL

Ampliación de la planta judicial

Con una plantilla orgánica de 160 jueces y magistrados, la Región arroja una ratio de 10,8 jueces por 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 11,9, y se sitúa entre las últimas comunidades con menor ratio.

En la tabla de necesidades elaborada por la Sala de Gobierno, con datos ponderados, se extrae la conclusión de que sería necesaria la creación de 16 nuevos órganos para dotar de una adecuada dimensión la planta judicial de la Región, después de la creación de cuatro nuevos juzgados (dos juzgados de lo mercantil de ámbito regional, un juzgado civil en la capital y un juzgado mixto en Molina de Segura).

No obstante, a pesar del déficit evaluado, la Sala de Gobierno fija como prioritarias para el próximo año judicial siete unidades: una plaza de magistrado en la sección de la Audiencia Provincial desplazada a Cartagena, 3 juzgados de Instancia en Murcia, uno en Cartagena y sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Lorca y Molina de Segura.

Junto a ello, continuamos con las reivindicaciones en infraestructuras judiciales pendientes en Cartagena, Lorca, Molina de Segura y el Palacio sede del TSJ y la AP, que avanzan a distintos ritmos. 

 

EFECTOS DE LA INFRADOTACIÓN DE MEDIOS EN LOS CIUDANOS

Tiempos medios de respuesta

El tiempo que los asuntos están en los órganos judiciales es un importante indicador de la calidad de la Justicia. De acuerdo con las estimaciones de las duraciones medias de los asuntos terminados, obtenidas por el Consejo General del Poder Judicial a través de una operación matemática, a partir de los datos facilitados por la Estadística Judicial, vemos que los asuntos civiles en los juzgados de primera Instancia e Instrucción se terminaron después de 10,1 meses de trámite, frente a 7,4 meses, en la media española.

Dato que contrasta significativamente con los que ofrece la Audiencia Provincial en esta misma jurisdicción en la que los recursos se tramitan en 8 meses, cuando la media española es de 8,9.

Por su duración, destaca la tramitación de los procedimientos sumarios en las secciones penales de Audiencia Provincial, procesalmente uno de los más complejos, que alcanzan una duración media de 19,2 meses (casi el doble que la media nacional, que es de 11,6 meses); y los procedimientos abreviados 12,5 (3,7 más que la media nacional); sin embargo, en segunda instancia, los recursos se resuelven en 3,4 meses (2,5 meses antes que la media del país).

Finalmente, destacamos la agilización de los procedimientos en la jurisdicción Social donde se ha pasado de 13,8 meses de duración media en 2014 a 9,8 meses, acomodándose a la media nacional.

 

MOVIMIENTOS IMPORTANTES DE ASUNTOS EN LA REGIÓN

Suben las demandas de ejecución hipotecaria, y se desploman los lanzamientos

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 en los juzgados de la Región de Murcia fue de 1.293, un dato que refleja un importante aumento -un 26 % más- respecto a las iniciadas en 2019 y que supone el primer incremento interanual observado desde el año 2014. De hecho, la Región se sitúa en este periodo como la cuarta comunidad donde más demandas de ejecución hipotecaria se presentaron después de Cataluña, con un total de 4.643, Andalucía (3.729), la Comunidad Valenciana (3.636) y Madrid (1.771).

El número de lanzamientos practicados en 2020 en la Región de Murcia fue de 1.504, lo que supone un desplome del 95% respecto de los 2.935 practicados el año anterior. Un 49 % de los lanzamientos, 744, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 692 (el 46 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 68 restantes obedecieron a otras causas. Por primera vez en estos registros los procedimientos para desahucios por impago del alquiler superaron a los derivados de ejecuciones hipotecarias (aunque la Región se mantiene en los primeros puestos en cuanto a las comunidades con mayor número de este tipo de lanzamientos).

Crecen los concursos de particulares por deudas bancarias

El número de concursos presentados en 2020 fue de 366. De ellos, 251 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial (cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción), mientras que los otros 115 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil de la Región. Así, mientras que los concursos mercantiles registraron un descenso del 76 % por las moratorias gubernamentales, los de particulares no empresarios crecieron un 19,1%.

Aumentan también las demandas por despido

A pesar de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, las 4.214 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en la Región de Murcia registraron un incremento del 5,2 % respecto al año anterior. Además, los Juzgados de lo Social registraron 2.736 reclamaciones de cantidad, un 2,5 % menos que en 2019.

Más de 10.000 sentencias por cláusulas suelo

En el año de 2020 ingresaron en los juzgados especializados acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física 2.874 asuntos; se resolvieron 3.593 asuntos y quedaron en tramitación 5.278. Los magistrados especializados de la Región dictaron 2.960 sentencias, de las cuales fueron estimatorias el 96,8 %.

La tramitación especializada de este tipo de causas ha permitido concentrar los refuerzos judiciales logrando que en cuatro años (desde junio de 2017) se hayan resuelto en la Región más de 12.000 asuntos.

En cuanto a los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en la Región de Murcia, durante el pasado ejercicio ingresaron 124, un 27,4 % menos que en 2019, habiéndose resuelto 80.

6.103 denuncias por violencia de género en la Región de Murcia

Durante el año 2020, los juzgados regionales con competencia en violencia sobre la mujer recibieron un total de 6.103 denuncias, un 5 % menos que en el año anterior. Lo que representa un descenso menos acusado que el del 10 % registrado de media en el conjunto del país.

En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Murcia, con 79,5, destaca por encima de la media nacional, que fue de 60,2 tras las comunidades de Baleares, con una ratio de 93,8; Valencia, con 81,5; y Canarias, con 80,5.

Se solicitaron 1.257 órdenes de protección, de las cuales el 85 %, un total de 1.063 órdenes de protección, que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas, fueron adoptadas.

Sube el consenso en las modificaciones de guardia, custodia y alimentos

En 2020 se presentaron en la Región un total de 3.048 demandas de modificación de medidas. Creció un 5% los progenitores que decidieron acudir a un procedimiento consensuado a la hora de plantear una modificación de medidas respecto a sus hijos menores. Aunque la mayoría de estos procedimientos, el 63% de los registrados, sigue siendo contencioso.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

“(…) más allá de las dificultades, la actual coyuntura es también una extraordinaria oportunidad para afrontar los cambios de calado que necesita desde años la Administración de Justicia española. La pandemia no solo nos ha dado la oportunidad de implantar o acelerar el ritmo de introducción de nuevas tecnologías para solucionar problemas concretos provocados por la crisis sanitaria. Nos ha señalado también nuevas rutas para afrontar mejoras sustanciales en las modalidades de atención al público y profesionales o para revisar prácticas obsoletas en nuestra Administración de Justicia. La generalización de las actuaciones judiciales telemáticas, del teletrabajo, de sistemas de cita previa electrónica, reconocimiento facial, acceso telemático por profesionales y usuarios a los expedientes judiciales, o nuevas herramientas informáticas e inteligencia artificial aplicadas a los procesos de diagnóstico y toma de decisiones, son realidades ya desplegadas o que se van a implantar en los próximos meses en la Administración de Justicia regional.

En ese escenario, es imprescindible tener, no tanto la inteligencia, como la imaginación, la decisión, la valentía y la capacidad de crear los consensos necesarios y cooperar para garantizar tanto la sostenibilidad del sistema de Justicia como su relevancia como elemento decisivo para la viabilidad de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y es que, solo cuando puedes perder, el juego tiene sentido”.