Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
El tribunal impuso una pena de 7 años y medio de prisión al que fuera responsable de la empresa pública de limpieza de Lorca y la obligación de pagar 586.000 euros al Ayuntamiento
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ha informado en sentido desfavorable a la petición de indulto parcial del ex director de la empresa pública de aguas de Lorca, Limusa, condenado a 7 años y medio de prisión por los delitos continuados de malversación de caudales públicos de especial gravedad, falsedad de documento mercantil y prevaricación.
En su misión meramente informativa, los magistrados estiman que “no concurren razones de equidad, de justicia y de utilidad pública que hagan aconsejable la concesión del indulto solicitado”. Atiende la Sala para ello a la naturaleza de los delitos cometidos (malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación), y su comisión por el solicitante prevaliéndose del carácter público del puesto que ostentaba.
Todo ello unido a que, pese “al buen comportamiento y adecuada integración del penado en el régimen penitenciario, y al cumplimiento por éste del plan de pagos establecido por el tribunal”, las cantidades satisfechas hasta el momento no alcanzan al 60% de todas las responsabilidades pecuniarias que le fueron impuestas en sentencia, entre ellas la obligación de pagar 586.000 euros al Ayuntamiento de Lorca por los daños causados.