El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, apela a que se respete el equilibrio de poderes y las condiciones de independencia de los jueces y magistrados, y a que se dote a la Administración de Justicia de los recursos humanos y materiales que le permitan desempeñar su función en condiciones y tiempos útiles para los ciudadanos, como máximas aspiraciones para perfeccionar la sociedad democrática actual. “Nuestra democracia debe aún aprender a cuidar a su Poder Judicial y a su Administración de Justicia” ha insistido al terminar su discurso de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia.

Pasqual del Riquelme, ha querido cerrar así el capítulo de demandas y reivindicaciones, sin dejar de remarcar el deterioro institucional del Poder Judicial por la falta de renovación de su órgano de gobierno y las notables asimetrías con las que se despliega la Justicia en las diferentes comunidades autónomas, y que perpetúan un “endémico déficit de recursos” en la Región de Murcia.

Deterioro institucional y asimetrías entre comunidades

Así, ha recordado “la insoportable situación institucional a la que nos aboca el abierto desconocimiento -y precisamente por quienes están obligados a ello- de las previsiones legales en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el reiterado uso táctico de sucesivas reformas legales para limitar o ampliar competencias esenciales del órgano de gobierno judicial, al gusto y ritmo de intereses partidistas coyunturales” señalando que se intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales “lo que no son sino diferencias estrictamente políticas y partidistas”.

Un deterioro institucional al que en nuestra Comunidad Autónoma “se adiciona un endémico déficit de recursos del que tan cansinamente vengo dando cuenta”, ha subrayado dejando constancia “del hecho objetivo de que el servicio público de Justicia no se despliega ni se presta en igualdad de condiciones y recursos en todo el territorio español” y de que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas, lamentando que “nuestra Región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte”.

El trabajo que ocupa a los jueces de la Región

No obstante, tras realizar estas reflexiones, ha abandonado el tono reivindicativo para destacar el rol que diariamente desempeña la judicatura española. Y con ella, todos los servidores públicos (fiscales, letrados de Justicia, forenses, funcionarios y personal laboral) que prestan servicio en las oficinas judiciales de toda España y de nuestra Región. “Porque si la crítica constructiva es elemento crucial del desarrollo humano, también lo es la conciencia de los aciertos”, ha insistido el presidente.

En este punto ha recordado el esfuerzo en los juzgados de instrucción y de enjuiciamiento penal, además de las secciones penales de nuestra Audiencia Provincial para mejorar los tiempos de respuesta en la investigación y el enjuiciamiento de los casos que más preocupan a los murcianos; la implicación de los tribunales de la Región en la lucha contra las lacras de la violencia de género, los delitos contra la libertad sexual y las redes de inmigración ilegal y trata de mujeres; o la protección jurídica de los recursos y espacios naturales, “entre los que nos ocupa especialmente el Mar Menor”.

También ha resaltado el refuerzo de cuatro jueces adicionales que desde el año 2017 se dedican a la resolución de los pleitos derivados de las llamadas cláusulas suelo que ha permitido dar respuesta al 80 % de las 20.000 demandas presentadas por los usuarios de la banca contra las entidades prestamistas y, por último, la labor de juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo en el control jurisdiccional que le corresponde sobre los actos de las Administraciones públicas estatal, autonómica y local.

“Los jueces y juezas han sabido ganarse la confianza de los ciudadanos”, ha dicho, indicando que 7 de cada 10 ciudadanos ven a los jueces como la garantía última de sus derechos.

Empuje decisivo a las infraestructuras judiciales claves

Además, ha manifestado públicamente “la satisfacción que para el TSJMU ha supuesto el compromiso del Ministerio de Justicia de dotar a la Región de las infraestructuras judiciales que hemos venido reclamando durante largo tiempo”, recordando el gran trabajo desplegado para conseguir la mayor inversión en infraestructuras judiciales a nivel nacional, por un importe total de casi 100 millones de euros destinadas a proyectos en sedes tan importantes como Cartagena, Lorca, Molina y Murcia. 

Recordó también que se acaba de estrenar un nuevo juzgado de familia en el apoyo a las personas con discapacidad, “lo que nos asegura una pronta respuesta a tan sensible colectivo” y que, a finales del mes de octubre, veremos la creación del cuarto juzgado especializado de lo mercantil, que el Tribunal Superior de Justicia instó a ubicar en Cartagena. 

Por último, anunció que a lo largo de este curso se constituirán los dos nuevos órganos judiciales que el Ministerio de Justicia ha previsto otorgar a la Región: un juzgado de lo civil en la capital y un juzgado de primera instancia e instrucción en Lorca. “Con ser bienvenidos, están -como ya he dicho- muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, que se sitúan en diecisiete nuevos juzgados, de los que habíamos priorizado cinco para este año; lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces”, ha explicado.