La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia absuelve a cinco miembros del consejo de administración de la mercantil Construcciones Villegas S.L., acusados de un delito contra la hacienda pública por supuestas irregularidades en la declaración del IVA correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010.

La acusación formulada por el Ministerio Fiscal y la AEAT señalaba una supuesta defraudación fiscal por importe superior a 2,7 millones de euros. Según las acusaciones, las declaraciones-liquidaciones del IVA consignaban datos distintos a la realidad para reducir la cuota tributaria a ingresar.

El tribunal ha considerado probado que, si bien “se produjo la defraudación tributaria” , no existió participación directa ni conocimiento suficiente por parte de los acusados sobre las decisiones fiscales adoptadas por la empresa. La gestión efectiva de la sociedad, según se desprende de la sentencia, recaía exclusivamente en el presidente del consejo de administración, quien no fue juzgado por incapacidad para ser sometido a juicio.

La resolución destaca que los acusados no tenían dominio funcional del hecho, ni capacidad real de decisión sobre las obligaciones tributarias de la empresa, limitándose a firmar documentos según las indicaciones del presidente, en un contexto de estructura empresarial fuertemente jerarquizada y familiar. “La mera condición de administrador no puede servir como criterio de atribución de responsabilidad penal por sí mismo”, explica. Y, “los acusados no tenían lo que nuestra doctrina jurisprudencial define como dominio funcional del hecho, pues se limitaban a asumir las decisiones que el hermano mayor tomaba”, añade descartando que la firma de las declaraciones pudiera constituir un acto de cooperación necesaria.

En virtud de lo anterior, la Audiencia absuelve a los miembros del consejo de administración acusados, así como a la propia entidad Construcciones Villegas S.L., de toda responsabilidad penal y civil derivada del procedimiento.

La sentencia menciona también -aunque no como argumento exculpatorio, sino para contextualizar el funcionamiento de la empresa y la estructura de toma de decisiones- que la situación financiera de la empresa durante los años investigados estuvo marcada por la crisis económica y la morosidad de las administraciones públicas, que llegaron a adeudar a la compañía más de 40 millones de euros, lo que agravó su situación de liquidez.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.