El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la Región de Murcia constituyen el pasado viernes, 25 de septiembre, un grupo de trabajo para mejorar la respuesta judicial en la tramitación de los procedimientos penales por delitos contra la Hacienda Pública estatal en el ámbito del TSJMU.

Al acto de constitución asistieron el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Francisco García Rivas, y el Delegado Especial de la AEAT en Murcia, José Manuel Alarcón Estella, además de la abogada del Estado Jefe en Murcia, Ana Pérez Díaz.

Con este grupo de trabajo se pretende la promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial, uno de los cuatro enfoques o líneas de actuación definidos como prioritarios en la Agenda Estratégica del TSJMU -junto con el de justicia abierta y transparente; justicia orientada a la sociedad, profesionales y usuarios, y justicia innovadora- y en los que se centran los principales proyectos puestos en marcha.

En esta ocasión el objetivo explorar vías que optimicen la exacción de la responsabilidad civil en aquellos procedimientos penales en los que la AEAT es parte e identificar criterios, formatos y modelos que mejoren la calidad de la documentación y de los informes periciales que se realicen por la AEAT con destino o a requerimiento de los órganos judiciales del orden penal.

Según informó el Secretario de Gobierno, actualmente los tribunales murcianos mantienen abiertas 140 causas por delitos contra la Hacienda Pública, que afectan a 400 personas.

Entre los miembros, además de los mencionados están Alfonso del Moral González, Jefe de de Inspección; Pedro Fuentes Álvarez, Inspector de Hacienda encargado del equipo de delitos; y José Ángel Arrúz Hernández, Jefe de Recaudación. Además de los secretarios judiciales Ángel De Alba y Vega, Ignacio Garrido Escudero y Pedro Lozano Muñoz, coordinador del grupo. Por último se integran también en este grupo los magistrados Julio Guerrero Zaplana y José Fernández Ayuso.