Los órganos judiciales de la Región de Murcia practicaron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 178 lanzamientos, un 6,3 % menos que los 190 contabilizados en el mismo período de 2025, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso regional fue menos acusado que el registrado en el conjunto de España, donde se practicaron 4.474 lanzamientos, un 35,7 % menos que un año antes.

De los lanzamientos practicados en Murcia, 92 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que representa el 51,7 % del total; otros 75, el 42,1 %, derivaron de ejecuciones hipotecarias; y los 11 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de procedimientos de arrendamientos urbanos disminuyeron un 27 % respecto al segundo trimestre de 2025, al pasar de 126 a 92. En cambio, los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 53,1 %, de 49 a 75.

Este último comportamiento contrasta con la evolución nacional, donde los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 8,9 %. También fue más moderado el descenso de los lanzamientos por arrendamientos urbanos en Murcia (-27 %) que en el conjunto de España (-57,7 %).

En relación con la población, Murcia registra 11,2 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más elevada de España, por detrás de Cataluña, con 12,1, y la Comunidad Valenciana, con 11,6. La media nacional se sitúa en 9,1. Y si el análisis se enfoca sólo a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, la Región alcanza la primera posición del país con una tasa de 4,73, cuando la tasa nacional fue 2,26 por cada 100.000.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas disminuyen un 31,7 %

Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron en los órganos judiciales de la Región de Murcia 327 ejecuciones hipotecarias, frente a las 479 registradas en el mismo trimestre del año anterior. La reducción interanual fue del 31,7 %. Esta evolución se sitúa en línea con el descenso registrado en España, donde las ejecuciones hipotecarias presentadas disminuyeron un 28,6 %, hasta las 6.886.

Pese a este descenso, Murcia mantiene la segunda tasa más elevada de España en relación con su población, con 20,6 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cataluña, que registra 27,9. La tasa regional supera en aproximadamente un 47 % la nacional, situada en 14,0.

A la cabeza en la tasa de concursos de familias

Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron en la Región de Murcia 850 concursos, un 6,2 % menos que los 906 registrados en el mismo período de 2025. Esta reducción contrasta con el incremento del 5,1 % observado en el conjunto nacional, donde se contabilizaron 19.024 concursos.

Sin embargo, al relacionar los procedimientos con la población, Murcia ocupa el segundo puesto nacional en concursos presentados, con 53,6 por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cataluña, con 57,0. La tasa española se sitúa en 38,7.

El dato más destacado corresponde a los concursos de personas naturales no empresarias. Murcia registró 789 procedimientos de este tipo, equivalentes a 49,7 por cada 100.000 habitantes, la tasa más elevada de España, por delante de Cataluña (46,8) y Baleares (45,8). La tasa regional supera en un 44 % la media nacional, situada en 34,5.

Los concursos de personas naturales no empresarias disminuyeron en Murcia un 6,2 %, frente al incremento nacional del 5,9 %. Por su parte, los concursos de personas jurídicas aumentaron en la Región un 20,8 %, al pasar de 48 a 58, mientras que los de personas naturales empresarias disminuyeron de 17 a 3.

En cuanto a los concursos declarados en Murcia, durante el segundo trimestre se contabilizaron 736, un 3,4 % más que los 712 del mismo período de 2025.

Las demandas por despido aumentan un 18,7 %

Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron en los órganos judiciales de lo Social de la Región de Murcia 1.444 demandas por despido, frente a las 1.217 registradas en el mismo trimestre del año anterior. El incremento interanual fue del 18,7 %, superior al registrado en España, donde las demandas por despido aumentaron un 11,2 %, hasta alcanzar las 45.230.

En términos relativos, Murcia contabilizó 91 demandas por despido por cada 100.000 habitantes, una tasa ligeramente inferior a la media española, de 92,1.

Por su parte, las demandas por reclamación de cantidad presentadas en Murcia ascendieron a 797, frente a las 767 de un año antes, lo que representa un incremento del 3,9 %. Esta evolución resulta próxima a la observada a escala nacional, donde las reclamaciones de cantidad aumentaron un 3,4 %.

En materia de expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito mercantil, Murcia registró cuatro expedientes, frente a los tres del mismo trimestre de 2025. En el conjunto nacional se contabilizaron 97, frente a los 95 de un año antes.

Los procedimientos monitorios disminuyen un 26,5 %

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron 6.703 procedimientos monitorios durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 9.124 del mismo período del año anterior.

La reducción fue del 26,5 %, superior a la observada en España, donde los procedimientos monitorios disminuyeron un 20,7 %, hasta situarse en 179.846.

No obstante, la Región ocupa el tercer puesto nacional en procedimientos monitorios por habitante, con 422,4 por cada 100.000 habitantes, por detrás de Canarias (505,1) y Madrid (459,3). La tasa murciana supera en un 15,4 % la media española, situada en 366,1.

El procedimiento monitorio permite reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, incluidas las cantidades adeudadas por gastos comunes de comunidades de propietarios.

Disminuyen los procedimientos posesorios por ocupación ilegal

Durante el segundo trimestre de 2026 se registraron en la Región de Murcia 14 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, frente a los 32 del mismo período de 2025, lo que supone una reducción del 56,3 %.

Esta estadística comprende los procedimientos previstos en el artículo 250.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los supuestos contemplados por la Ley 5/2018, de 11 de junio, relativos a viviendas cuyos poseedores legítimos sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.