El número de denuncias registradas por violencia de género en los juzgados especializados de la Región de Murcia disminuyó un 8,6 % en el segundo trimestre de este año, según el Informe trimestral del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. 

A pesar del descenso de número de denuncias registradas, la Región de Murcia sigue estando, con 25,5 víctimas cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional sólo por detrás de Baleares, con una ratio de 31,4. 

De las 1.992 víctimas registradas, 65 % tiene nacionalidad española, mientras que el 35 % restante proceden de otros países. Y 14 de ellas son menores de edad (12 españolas y 2 extranjeras). 

El 73,1 % de las denuncias recibidas en los juzgados con competencia en violencia de género de la Región fueron presentadas por la propia víctima en comisaría y en otro 17,7 % el procedimiento se abrió con el atestado por intervención policial directa. Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima que apenas alcanzaron el 3,1 % del total. Y, el resto, un 6 %, derivan de partes de lesiones remitidos al juzgado por centros sanitarios o servicios asistenciales. 

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó de forma significativa, un 22,7 % con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que durante el segundo trimestre de 2023 tomaron esta decisión 7 de cada 100 mujeres víctimas en la Región. De ellas, 79 eran españolas y 56 tenían otras nacionalidades. 

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales con competencias en violencia sobre la mujer un total de 440 órdenes de protección, un 2 % más que hace un año. De ellas, 364 fueron adoptadas, un 10,6 % más que el mismo periodo de 2022. 

En el 50 % de los casos, la relación de pareja (matrimonio o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Del total de mujeres que pidieron protección, 5 eran menores de edad.  

Medidas judiciales penales y civiles de protección 

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.573 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres e hijos menores que convivían con ellas). Las más frecuentes fueron las 300 órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación, en 295 casos. En 25 casos se privó de libertad al denunciado y 46 se ordenó la salida del domicilio. 

Asimismo, los órganos judiciales murcianos dictaron 419 medidas cautelares civiles para la protección de la mujer y los hijos menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (117) y las relacionadas con la atribución de la vivienda (90). 

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 94 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas a los hijos, se suspendió la guardia y custodia en 42 casos y en 18 se suspendió la patria potestad, como medidas específicas de protección del menor. 

El 90,5 % de las sentencias fueron condenatorias 

Órgano	Sentencias	Condenatorias	%	Absolutorias	%
Juzgados VSM	540	530	98,15%	10	1,85%
Juzgados de Lo Penal	217	159	73,27%	58	26,73%
Audiencia Provincial	3	3	100,00%	0	0,00%
Total	760	692	90,47%	68	9,53%

 

El número total de sentencias dictadas por violencia de género fue de 760. De ellas, 692 (el 90,47 %) fueron condenatorias y 68 (el 9,53 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 98,15 %. Fue en estos órganos judiciales donde, además, se incrementó sensiblemente el número de sentencias dictadas: 550 se notificaron en el trimestre, 100 más que hace un año. 

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a un menor de edad (hace un año fueron 5 menores de edad), al que se le impuso medidas.  

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona 

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, expresa su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde finales de 2022 y alerta de la situación de riesgo extremo para muchas mujeres que estos crímenes evidencian. Asimismo, muestra su repulsa y hace un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención de estos gravísimos hechos.   

Los datos del segundo trimestre de este año vuelven a mostrar que son muy pocas las denuncias, presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general. Carmona señala la importancia de que los ciudadanos asuman y tomen conciencia de que pueden salvar la vida de una persona. “En las manos de cada uno de nosotros/as puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas”, recuerda la presidenta del Observatorio, que anima al conjunto de la sociedad a denunciar cuando sospechen que una mujer puede estar siendo víctima de este tipo de violencia. 

El llamamiento de la presidenta del Observatorio se hace extensivo a todas las instituciones implicadas en la lucha contra violencia machista, a las que pide un esfuerzo renovado para hacer frente de una forma más efectiva a esta lacra y para aprobar medidas que pongan el foco en la prevención de los crímenes; y a la clase política, a la que reclama unidad y consenso en una materia que, como la violencia de género, destruye familias, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños. 

En opinión de Carmona, es fundamental sacar la violencia de género de la lucha partidista y reeditar el Pacto de Estado para seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017. “El Pacto de Estado fue un hito y ha sido imprescindible para proveer a las instituciones de fondos para financiar los medios materiales y personales necesarios en la lucha contra la violencia machista”, concluye. 

La presidenta del Observatorio considera que, pese al doloroso aumento del número de asesinatos machistas en el último año, la sociedad puede estar segura de que España cuenta con unos profesionales altamente cualificados que trabajan día a día en la protección de las personas más vulnerables. Por ello, agradece a todos ellos, especialmente a los jueces y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su labor y les anima a seguir trabajando sin perder el ánimo ni el aliento ante el aumento de los crímenes. 

Carmona insiste en que la formación y la educación son herramientas fundamentales para la erradicación de la violencia machista. Por ello, agradece a los medios de comunicación su compromiso con la puesta en marcha de campañas de concienciación y mensajes de rechazo a la violencia machista que de otro modo no podrían llegar a tantos millones de ciudadanos. 

El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/