El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, cierra su mandato como lo inició hace diez años, subrayando la asimetría en el despliegue de la Justicia en el territorio nacional y la desigualdad en las condiciones en que se presta este servicio público, dejando constancia de la falta de atención de las necesidades de los juzgados y tribunales de la Región. “Las necesidades judiciales de nuestra Región vienen siendo sistemáticamente ignoradas a la hora de decidir dónde crear nuevas unidades judiciales”, ha dicho haciendo balance de la actividad judicial al término de su mandato. “Nuestros recursos judiciales para hacer frente a una litigiosidad desbocada son, por tanto, más reducidos que en el resto de las comunidades autónomas”.

Así, ha recordado que Murcia no solo presenta en la actualidad un déficit de jueces respecto de la media nacional (10,7 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media nacional de 12,1) sino que el incremento en la Región de Murcia en la última década ha sido exactamente de la mitad que en el conjunto del territorio.

Según ha destallado Pasqual del Riquelme en la presentación de la memoria judicial de 2024, ello explica que, ante el aumento de la litigiosidad en un 34,8 % durante la última década en la Región, y a pesar del sobresfuerzo que supone haber aumentado un 14,3 % nuestro nivel de resolución en ese mismo período, la pendencia acumulada al término de esa década se haya incrementado en un 124 %, alcanzando a finales de 2024 los 206.805 procedimientos en trámite (frente a un incremento del 102 % a nivel nacional). “La combinación de escasos medios personales y alta litigiosidad, por más que nuestro esfuerzo resolutorio sea mayor, es la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región”, ha subrayado por enésima vez.

No obstante, y a pesar de las dificultades, el presidente del Tribunal Superior ha destacado la decisiva función que cumplen juzgados y tribunales en la Comunidad Autónoma. “No es solo que cada día miles de ciudadanos sean atendidos y decenas de litigios obtengan respuesta; el Poder Judicial en la Región ha acreditado a lo largo de estos años ante la ciudadanía su posición como actor relevante en la conformación y protección de nuestro modelo de convivencia, haciéndose presente en el imaginario colectivo como la última y, muchas veces, más efectiva y definitiva defensa de bienes jurídicos merecedores de una especial protección en tiempos tan complejos como los actuales”. Es el caso -ha recordado- de la respuesta contra los fenómenos de corrupción que, con especial intensidad en nuestra Región, han infectado ámbitos públicos y privados; de la protección de nuestros recursos y espacios naturales más preciados; de la garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales; del control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas; de la salvaguarda de los derechos de los más vulnerables y desprotegidos; de la lucha contra la violencia de género; y así un largo etcétera.

Además, ha querido subrayar un dato “que pone también de relieve los altos estándares de calidad y excelencia técnica del trabajo jurisdiccional que realizamos en la Región”; y es que Murcia ha sido en 2024 el territorio nacional con más alto porcentaje de resoluciones confirmadas por el Tribunal Supremo, con un 94,7 %, seguido de Aragón y Canarias con un 94,3 y un 92 %, respectivamente. También supera ampliamente a la media nacional en el número de resoluciones confirmadas en apelación (un 75 % frente a un 70 % de media nacional).

La Memoria del TSJMU 2024 se cierra con un balance de la última década en el que, sin ignorar las enormes dificultades por el histórico déficit de recursos, la pandemia y las huelgas que asolaron la Administración de Justicia regional, se subrayan importantes avances en la modernización de nuestro sistema de Justicia. El presidente ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha sido la primera institución judicial en contar con una Agenda Estratégica y en incorporar a su gestión los principios de transparencia, apertura, rendición de cuentas y responsabilidad social corporativa. “El enorme trabajo que hemos realizado en la última década en la incorporación de las nuevas tecnologías nos ha permitido el tan anhelado salto del expediente judicial en papel al expediente electrónico, hoy ya una realidad en todos nuestros juzgados y tribunales, accesible también a profesionales y ciudadanos”, ha señalado el presidente.

Pasqual del Riquelme, ha querido cerrar su etapa profesional como presidente con un desayuno informativo, en el que ha aprovechado la ocasión para dar las gracias públicamente a todos los funcionarios y colaboradores de la Administración de Justicia.