El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Juan Martínez Moya, ha trasladado a los representantes de abogados y graduados sociales de Murcia, así como a los sindicatos, la inminente puesta en marcha de medidas explícitas para disminuir los tiempos de respuesta en la jurisdicción Social en el partido judicial de la capital.

En concreto, Martínez Moya ha anunciado que a finales de mayo se incorporarán a los juzgados murcianos dos nuevos jueces profesionales, procedentes de la última promoción. Medida que se adopta para agilizar la tramitación de procedimientos urgentes, fundamentalmente en materia de despidos.

Este anuncio se hacía en el marco de una reunión mantenida por el presidente del TSJMU, junto al secretario de Gobierno, Javier L. Parra García, con Francisco Martínez Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia; José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio de Graduados de la Región; Daniel Bueno Valencia, secretario general CCOO; y Antonio Jiménez Sánchez, secretario general de UGT. Quienes trasladaron “su profunda preocupación, que consideramos será compartida por la presidencia del Tribunal Superior, por el importante retraso que vienen sufriendo los Juzgados de lo Social en Murcia”.

El presidente, que reconoció compartir la preocupación, explicó también que ya ha mantenido reuniones con la junta sectorial de jueces de lo Social, el magistrado decano y las directoras de los Servicios Comunes para que adapten la agendas de señalamientos a fin de que la medida resulte efectiva desde el primer día de su puesta en marcha. Refuerzo que, según añadió, se mantendrá durante 6 meses, y podrá prorrogarse otros seis, si las estadísticas arrojan resultados positivos.

Por último concluyó que estos juzgados son una de las propuestas para el plan de actualización que proyecta el Consejo General del Poder Judicial. Petición que, junto a la demanda de nuevos funcionarios de apoyo al Ministerio de Justicia, ya se formuló por el presidente del Tribunal en el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente, el pasado 23 de abril, en Madrid.