El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Vitoria ha estimado el recurso presentado por la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco, en representación de más de dos mil funcionarios, y por nueve personas que actúan a título personal, condenando al Gobierno Vasco a abonar la prima de jubilación anticipada que en cada caso corresponda y que quedó “suspendida” por la crisis de 2012. 

El fallo considera que es un “derecho consolidado”, anula las resoluciones del Departamento de Educación que rechazan los recursos de los docentes y estima que la decisión de no abonar las primas “no se ajusta a derecho”. 

El fallo, que podrá recurrirse en apelación, señala también que la Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima porque las leyes de presupuestos no pueden vehicular un cambio normativo que entrañe la supresión, o el cese o acabamiento del todo de un derecho reconocido en una ley. Añade, también, que “por su propio sentido, suspender entraña conservar el derecho a recuperar el abono, ya que solo se detiene o difiere durante un tiempo”.