El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao ha estimado parcialmente la demanda de una maestra afectada de polineuropatia desmielinizante y condenado al Departamento de Educación del Gobierno Vasco a indemnizar a la educadora con 40.000 euros por incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales y vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación. 

La profesora en cuestión, con movilidad de deambulación inestable y una incapacidad reconocida del 33%, llevaba muchos años reclamando la instalación de un ascensor en el centro en el que tenía plaza, ubicado en las faldas de un monte, con accesos no exentos de dificultad para ella.