Un juzgado de Azpeitia (Gipuzkoa) acuerda el sobreseimiento provisional de otra querella del ‘caso Bidegi’

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) concluye que de las diligencias practicadas “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito” origen de la causa

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Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Azpeitia ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta en 2014 por la Diputación de Gipuzkoa por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en las obras de la AP-1 en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte.

El juzgado considera que “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa” y acuerda su archivo provisional en un auto que no es firme y contra el que cabe recurso.

El origen de este procedimiento fue la querella interpuesta en 2014 por la Diputación de Gipuzkoa contra el entonces director de contrato de Bidegi, sociedad foral encargada de gestionar y mantener las autopistas en ese territorio, un director de obra y un representante de la UTE Laurena por “supuestas desviaciones injustificadas en las liquidaciones y unos sobreprecios”, que habrían “supuesto perjuicio económico” para la entidad foral, en los abonos por la obra de la AP-1 Vitoria-Gasteiz –Eibar, en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte. 

En el auto se recogen diversos informes periciales y se concluye que “se ha acreditado que en la liquidación final de la obra no ha existido perjuicio económico para la Diputación Foral de Gipuzkoa ni para Bidegi S.A; por lo que no puede hablarse de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación de delito de malversación de caudales públicos” como se mantenía en la querella. 

El pasado agosto este mismo juzgado acordó asimismo el sobreseimiento provisional de otra querella del denominado “caso Bidegi” interpuesta en 2015 por la Diputación de Gipuzkoa por varios delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, en relación con las obras de AP-1 en el tramo Arlaban-Eskoriatza norte.  Este archivo está recurrido en la Audiencia de Gipuzkoa.