La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a 6 años y medio de prisión a un agente de la Ertzaintza por tráfico de drogas.

El tribunal le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y además de la pena de cárcel le impone una inhabilitación especial para ejercer de ertzaina durante el tiempo de la condena.

Según los hechos declarados probados, en un registro policial llevado a cabo en la vivienda del agente en septiembre de 2022 se localizaron más de 54 kilos de cocaína que este y otra persona condenada también en este procedimiento a 7 años y medio de prisión por el mismo delito habían adquirido para ser “distribuida por distintos municipios de Bizkaia y provincias limítrofes”.

En el caso del ertzaina, el tribunal aprecia una atenuante analógica por sus problemas con las drogas y el juego a la hora de fijar la pena.

La Audiencia de Bizkaia condena también a este agente como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos a una multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año ya que, “con la finalidad de no dejar rastro de su identidad” en las búsquedas de las bases de datos de la Ertzaintza, solicitó a un compañero que comprobase datos sobre varias placas de matrícula.

Este otro agente estaba también acusado del delito de descubrimiento y revelación de secretos en este procedimiento, pero el tribunal le absuelve al considerar que ha quedado probado que desconocía la finalidad que perseguía su compañero con los datos que le facilitó.

La Audiencia de Bizkaia afirma que ha existido “abundante prueba directa e indirecta” para concluir que el ertzaina y el otro varón ahora condenado se dedicaban al tráfico ilícito de drogas y que la cocaína ocupada en el registro de la vivienda de primero la “iban a destinar ambos conjuntamente a su distribución y venta a terceros”.

Además de las penas de cárcel, el tribunal impone a cada uno de los condenados una multa de tres millones de euros.

Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.