“Necesitamos un proyecto global de modernización de nuestro sistema de justicia dirigido a la mejora sustancial de su calidad, de su eficiencia y de la plena garantía de la independencia judicial, pero las últimas medidas legislativas de reforma de la instrucción penal no nos acercan a ese ansiado objetivo”, ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el acto de Apertura del Año Judicial que se ha celebrado hoy en Bilbao.

Al llegar a este punto, el presidente del TSJPV ha reflexionado sobre las reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por las que se restringen las atribuciones del juez en la fase de instrucción y se generaliza la doble instancia en la jurisdicción penal, en tanto que, contradictoriamente, se prescribe que las medidas aprobadas no podrán suponer incrementos de dotaciones de plantilla, ni retributivos ni de gastos de personal.

Este acto ha coincidido con el encuentro de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que en la presente edición responde al lema “Por el derecho a una buena administración de justicia” en alusión al mismo derecho recogido en la carta Europea de Derechos Fundamentales.

La clave de este derecho – ha manifestado Juan Luis Ibarra - está en situar en el centro del funcionamiento de la organización judicial a la persona que accede a la jurisdicción o es llamada a colaborar con ella.

En torno a ese objetivo , el encuentro pasará revista a tres cuestiones: las respuestas organizativas requeridas por las recientísimas reformas legales que abordan la implantación de la segunda instancia penal en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia y atribuyen nuevas competencias casacionales a las Salas de lo Contencioso-administrativo; la contribución de la mediación intrajudicial  a la satisfacción del derecho a la tutela judicial y, por último,  la gestión de la brecha abierta por el efecto combinado de una muy escasa plantilla judicial de plazas presupuestarias y de una drástica congelación de la planta de los juzgados y tribunales.

Brecha –subrayó Juan Luis Ibarra – cuya exclusiva atención, desde la figura de los jueces de adscripción territorial y desde la prolongación de la situación de expectativa de destino, está poniendo en crisis la preservación del estatuto judicial respecto de nuestra más joven judicatura.

Por último, Juan Luis Ibarra efectuó dos consideraciones sobre el contexto en el que se desarrolla la reflexión sobre la calidad, la eficiencia y la independencia de nuestra Justicia.

Por una parte se refirió a que la eficiencia de la Administración de Justicia no ha evitado el incremento galopante de la desigualdad económica y social y subrayó que, en este contexto, la función de los jueces en la aplicación del derecho incluye una tarea central que consiste en inocular razonabilidad en el ejercicio de la autoridad.

Esta razonabilidad – dijo – ha llevado a incrementar la aplicación en los litigios de los valores, principios y normas del Estado Social de Derecho. En estos tiempos de crisis prolongada, la Europa del derecho jurisprudencial está fijando límites infranqueables a los embates de injusticia insoportable derivada de la primacía de la libertad económica sobre la igualdad jurídica.

En segundo lugar resaltó el fracaso en la obtención del consenso requerido para la configuración normativa de un nuevo código procesal penal que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.